| Andalucía,
7 de enero de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a
propuesta del consejero de Asuntos Sociales, el proyecto de Ley
de Atención y Protección a las Personas Mayores, con el que se
pretende establecer un marco jurídico que regule y garantice el
bienestar físico, psíquico y social de este colectivo y mejorar
su calidad de vida. La ley presta atención especial a aquellas
personas mayores que padecen un mayor nivel de dependencia de los
demás.
Otros objetivos de esta ley son los
de velar por la suficiencia económica de los ancianos, procurar
su integración en todos los ámbitos de la vida social,
posibilitar su permanencia en las familias, prevenir y evitar
situaciones de riesgo social que puedan dar lugar a situaciones
de maltrato y desasistencia, favorecer la solidaridad entre
generaciones y desarrollar medidas solidarias con las personas
mayores con especiales necesidades de atención.
Entre las ayudas que dispone la ley
se encuentran las de subvencionar la adaptación y mejora de la
vivienda del mayor que lo necesite, ampliar y cualificar el
servicio de ayuda a domicilio, incrementar progresivamente el
número de plazas residenciales de alojamiento familiar para
ancianos en situación de necesidad, y proporcionar a personas
semidependientes la permanencia en su casa y entorno habitual,
para lo cual los centros de mayores contarán con unidades de
estancia diurnas.
El proyecto de ley se articula en 11
títulos que regulan los derechos de los mayores en materias como
la educación, cultura, ocio, turismo, deporte, vivienda,
atención sanitaria y social. Asimismo, establece la
participación de los ancianos a través del Consejo de Mayores y
el Voluntariado.
La Ley de Atención y Protección a
las Personas Mayores también ordena una serie de medidas que
garanticen la protección económica y jurídica de los ancianos,
así como el correspondiente régimen sancionador para las
personas o entidades que atenten contra su integridad física o
moral. En este sentido, la ley prevé sanciones de hasta 50
millones de pesetas para las infracciones consideradas como muy
graves que puedan cometer los titulares de los servicios o
centros de atención al colectivo de las personas mayores, los
representantes legales de estas entidades, y el personal que
trabaje en dichos centros. La sanción podrá suponer también el
cierre del centro.
Precisamente, en relación con la
entrada de ancianos en centros residenciales, la ley señala que
ninguna persona mayor podrá ser ingresada sin que conste
fehacientemente su consentimiento. En los casos de incapacidad
presunta o declarada en los que no sea posible tal consentimiento
se requerirá autorización judicial para el ingreso.
La ley también dispone medidas de inspección de los recursos públicos que se destinen a los ancianos, así como mecanismos para que los familiares cumplan con sus obligaciones y, en general, para que los ancianos gocen de los derechos y libertades que recoge la Constitución.
Los beneficiarios de esta ley serán todos los ciudadanos andaluces mayores de 65 años, aunque también podrán prestarse algunos servicios a mayores de 55 años. Según el censo de 1991, en Andalucía había en este año un total de 808.343 personas con más de 65 años, lo que significa el 11,85% de la población.