| Andalucía, 12 de junio de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha iniciado hoy los trámites para la elaboración del proyecto de Ley de Voluntades Vitales Anticipadas en Andalucía, norma que regulará el derecho de los andaluces a decidir libre y anticipadamente sobre la asistencia sanitaria y los tratamientos médicos que desean recibir en el caso de llegar a padecer situaciones vitales graves e irreversibles.
Respecto a otras normas similares aprobadas en España, esta ley introducirá, entre otras novedades, la posibilidad de expresar opciones en torno a la donación de órganos y la creación de un Registro Oficial de Voluntades Vitales Anticipadas, que será de obligada consulta por parte de los facultativos en situaciones graves en las que un individuo no pueda tomar decisiones.
El borrador de la futura ley, que parte del respeto a la autonomía y la libre determinación de los pacientes dentro de los límites marcados por los códigos Civil y Penal, define la voluntad vital anticipada como la manifestación hecha por una persona, expresada por escrito, de manera consciente, deliberada y libre, por medio de la cual hace constar las instrucciones y opciones que habrán de observarse cuando se produzca cualquier circunstancia que le impida tomar decisiones respecto a la atención sanitaria a recibir. En esta declaración también se podrá designar a un representante que sustituya al paciente ante la necesidad de prestar el consentimiento informado ante una intervención sanitaria, así como decidir, eventualmente, todo lo relativo a la donación de los órganos para trasplantes.
Otros puntos recogidos en el anteproyecto son los aspectos instrumentales que facultan y posibilitan el ejercicio pleno de este derecho, entre los que se incluyen las capacidades para poder ejercitarlos, los requisitos formales de validez de la Declaración de Voluntades Vitales y sus condiciones de revocación.
Igualmente, se prevé el establecimiento de un Registro de Voluntades Vitales Anticipadas en Andalucía para la custodia y conservación de las declaraciones. Este registro, que será pionero en España, tendrá los máximos niveles de garantías de seguridad y protección establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales.
Para poder ejercer el derecho reconocido en la futura ley, se prevé la elaboración de un documento oficial con las orientaciones y las ayudas necesarias. Este documento, que se difundirá entre los pacientes de los hospitales, será lo suficientemente flexible y abierto como para permitir la expresión de opciones, valores personales e instrucciones concretas.
De acuerdo con el anteproyecto, los médicos jugarán un papel fundamental en el desarrollo de las voluntades vitales anticipadas, sobre todo en lo relativo a la información y apoyo que deberán prestar a los pacientes para que éstos comprendan adecuadamente la dimensión y el alcance de sus propias opciones.
La elaboración de esta norma responde al mandato del Parlamento de Andalucía, que el pasado 23 de mayo aprobó, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, una proposición no de Ley en la que se instaba al Ejecutivo autonómico a presentar un proyecto que garantizara los derechos de los ciudadanos en materia de voluntades vitales anticipadas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regulan los sistemas de selección de personal estatutario y provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta norma, que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones sindicales integradas en la Mesa Sectorial de Sanidad, supondrá la normalización de las ofertas de empleo público del SAS, que se publicarán al menos cada tres años.
La entrada en vigor del nuevo decreto permitirá desbloquear la convocatoria de las 7.385 plazas de todas las categorías profesionales que se incluían en las ofertas públicas de empleo realizadas por el SAS en 1997, 1998 y 1999. Estas ofertas se encontraban paralizadas debido a la necesidad de adaptar la anterior normativa autonómica, aprobada en 1997, a la nueva ley estatal sobre selección y provisión de plazas en los servicios de salud.
El decreto también permitirá que puedan convocarse las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público del SAS para 2001, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno y compuesta por 741 plazas de ayudantes técnicos sanitarios y diplomados universitarios en Enfermería en los niveles de atención primaria y especializada.
De este modo, incluyendo las ofertas realizadas entre 1997 y 2001, la Junta convocará un total de 8.126 plazas correspondientes a las diferentes categorías profesionales de los hospitales, centros de salud y centros de transfusión sanguínea pertenecientes a la red sanitaria pública. Según las previsiones del SAS, unas ochocientas mil personas solicitarán presentarse a estas oposiciones.
Mayor agilidad
Respecto al anterior decreto de 1997, la norma aprobada hoy introduce una mayor agilidad en los procedimientos de selección y provisión de plazas, ya que suprime trámites innecesarios y establece plazos más cortos. Además de garantizar la publicación de las ofertas públicas de empleo al menos cada tres años, el nuevo decreto incluye también, como otra novedad destacada, la normalización de las convocatorias de traslado del personal estatutario fijo, que se publicarán cada dos años como mínimo.
En líneas generales, el decreto aprobado hoy establece que la cobertura de las plazas se realizará mediante los sistemas de promoción interna, reingreso al servicio activo, concursos de traslado y concurso-oposición.
Con el concurso de traslado se proveerán las plazas básicas vacantes de los centros que conforman los distritos sanitarios, áreas hospitalarias y centros de transfusión sanguínea dependientes del SAS. Los méritos serán valorados por una comisión compuesta por un mínimo de cinco miembros nombrados entre el personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las administraciones públicas o de los servicios de salud. Las organizaciones sindicales integradas en la Mesa Sectorial de Sanidad tendrán derecho a estar representados en las sesiones del tribunal evaluador.
Por su parte, el concurso-oposición constará de dos fases. La primera de ellas (oposición) tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la realización de uno o varios ejercicios para determinar la aptitud en el desempeño de las funciones propias de la categoría y, en su caso, especialidad de la plaza convocada. La segunda fase (concurso) valorará los méritos directamente relacionados con el contenido de las plazas a proveer y la experiencia profesional en puestos de personal sanitario.
Finalmente, el decreto establece que en cada convocatoria de pruebas selectivas podrá reservarse hasta un 50% de las plazas convocadas de cada categoría para su provisión por el sistema de promoción interna.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca, con el objetivo de reorganizar los servicios centrales, las delegaciones provinciales y la red de oficinas comarcales agrarias.
Esta medida, que incluye la creación de 66 nuevas plazas de carácter laboral y funcionarial (35 en servicios centrales y 31 en centros periféricos), permitirá reforzar especialmente los servicios de desarrollo rural, regadíos, modernización de explotaciones, gestión de ayudas y calidad alimentaria.
La modificación aprobada por el Consejo de Gobierno supondrá también la consolidación de la estructura administrativa de la red de oficinas comarcales agrarias. Estos órganos, que desarrollan una gestión descentralizada en ámbitos territoriales inferiores a la provincia, estarán formados por la figura del director y sendos departamentos de Agricultura y Desarrollo Agrario y de Ganadería, además de una unidad de administración general. En el departamento de Agricultura se integrará el personal de las antiguas agencias de extensión agraria y en el de Ganadería, los inspectores veterinarios comarcales.
La reorganización de los puestos de trabajo implicará, finalmente, la convocatoria en fechas próximas de un concurso general de méritos para cubrir todas aquellas plazas de la Consejería que ahora están dotadas presupuestariamente y cubiertas de forma provisional, entre las que se incluyen las 66 de nueva creación.
Los profesores que hayan ejercido como directores de centros docentes públicos en Andalucía podrán consolidar y percibir una parte del complemento específico correspondiente a este cargo. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador de esta medida, que se incluye en el Plan de Reconocimiento de la Función Docente y Apoyo al Profesorado elaborado por la Consejería de Educación y Ciencia.
La nueva norma fija una consolidación del 25% de la cuantía total del complemento para los docentes que hayan sido directores de centro por un tiempo igual o superior a cuatro años; del 40% para los que hayan ocupado el puesto durante ocho o más años, y del 60% para quienes sumen un periodo de doce o más años. Estos periodos se contabilizan a partir de 1996, año de entrada en vigor del actual sistema de elección de directores recogido en la Ley Orgánica de la Participación y el Gobierno de los Centros Docentes.
La aplicación del decreto este año supondrá un coste de 128 millones de pesetas y beneficiará a casi un millar de profesores. El incentivo forma parte de las nuevas medidas que la Junta de Andalucía desarrollará durante la actual legislatura para mejorar las condiciones de trabajo y de reconocimiento social del profesorado en la comunidad autónoma, con una inversión total prevista de 1.176 millones de pesetas.
El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, la Casa del Marqués de Arizón en Sanlúcar de Barrameda, uno de los más destacados exponentes de la arquitectura residencial barroca en la provincia de Cádiz.
El edificio, construido entre el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, es el único de esta localidad que conserva todos los elementos típicos de las casas de los antiguos cargadores de Indias, con estancias dedicadas a vivienda y dependencias anexas para almacenaje de mercancías. Su origen histórico aparece ligado a la familia Arizón, procedente de la burguesía comercial catalana e instalada en Sanlúcar de Barrameda para ejercer el comercio con América.
Sometido a sucesivas transformaciones, ampliaciones y agregaciones, el conjunto arquitectónico incluye dos viviendas familiares y numerosos patios interiores, almacenes y bodegas. Sus elementos más monumentales, edificados y rehabilitados en estilo barroco durante el XVIII, confieren al inmueble una fuerte prestancia en el entramado urbano de la ciudad.
El Consejo de Gobierno ha nombrado, a propuesta del consejero de Agricultura y Pesca, a Mar Giménez Guerrero como nueva delegada de este departamento en la provincia de Córdoba.
La nueva delegada es doctora ingeniera agrónoma, en la especialidad de Economía y Sociología Agrarias, por la Universidad de Córdoba. Ha sido coordinadora de la Unidad de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba y en la actualidad era responsable de Asuntos Europeos en el Consorcio de Desarrollo Económico de dicho organismo. Desde 1992 colabora con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, dependiente del CSIC.