| Andalucía, 19 de junio de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que aumenta las ayudas de la Junta de Andalucía a los compradores y promotores de viviendas protegidas y adapta los programas del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (1999-2002) al tipo de interés efectivo fijado por el Consejo de Ministros para los préstamos cualificados.
El decreto refuerza las ayudas a la compra y promoción de viviendas en régimen especial de venta, así como de las cofinanciadas y de las autoconstruidas. También modifica las condiciones de subsidiación del préstamo en las viviendas de régimen autonómico de promoción pública en alquiler y, en el caso del programa de rehabilitación autonómica, posibilita intervenciones más costosas en las casas necesitadas de reparaciones estructurales.
En cuanto a las viviendas en régimen especial, los incrementos aprobados hoy permitirán a los promotores obtener una subvención pública de hasta el 5% del precio de venta de la casa. Por su parte, los compradores se beneficiarán de una ayuda con carácter general del 5% de la cuota mensual del préstamo hipotecario, porcentaje que alcanzará el 10% en el caso de los menores de 35 años, mayores de 65, minusválidos y familias numerosas.
El programa de viviendas de promoción pública cofinanciada, de especial incidencia en municipios pequeños, sube las subvenciones a los promotores públicos de las 23.000 pesetas por metro cuadrado hasta las 26.500. De esta forma, las ayudas totales por vivienda pasan de 2.260.000 a 2.505.000 pesetas.
Las viviendas de promoción pública autoconstruidas contarán, por su parte, con una nueva ayuda máxima de la Junta de Andalucía a fondo perdido de 1.190.000 pesetas y un préstamo de 2.800.000 pesetas.
Los promotores públicos de viviendas de régimen autonómico en alquiler continuarán teniendo una subvención del 15% del precio de referencia (coste del metro cuadrado construido establecido por la Junta), si bien con el nuevo decreto se subsidia el 50% del préstamo cualificado en el periodo de carencia y el 80% del mismo durante toda la vida del préstamo. Hasta ahora, estas subsidiaciones eran del 68% del precio de venta, excluido el periodo de carencia. La aportación de la administración autonómica pasa de las 9.583.000 pesetas anteriores a las 10.857.000 pesetas por vivienda.
El programa de rehabilitación autonómica se modifica en el sentido de considerar subvencionables las intervenciones con un coste de 2.200.000 pesetas, frente al tope anterior de 1.600.000. Los beneficiarios contarán con una ayuda de la Consejería de Obras Públicas de 800.000 pesetas, que podrá aumentarse hasta 1.100.000 en los casos en los que la obra de rehabilitación se realice para mejorar las condiciones de seguridad estructural de la vivienda.
Finalmente, el decreto dispone también la posibilidad de que la Junta firme convenios con asociaciones de consumidores y usuarios con el objetivo de velar por la difusión y cumplimiento del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el régimen de autorización y funcionamiento de las plazas de toros portátiles en Andalucía. Se trata de la primera norma de ámbito autonómico que regula en España las condiciones técnicas y sanitarias de estas instalaciones, que acogen el 30% de los festejos taurinos que se celebran en la comunidad autónoma y que hasta ahora se regían de forma incompleta por el reglamento estatal de espectáculos taurinos.
El nuevo texto legal introduce como principales novedades la obligatoriedad de realizar inspecciones técnicas en los recintos portátiles y la creación de un registro oficial para garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas y agilizar el proceso administrativo de autorización.
Las inspecciones a las que deberán someterse las plazas portátiles, que correrán a cargo de entidades y laboratorios acreditados por la Consejería de Gobernación, se realizarán cada dos años en las instalaciones de categoría A (aquellas cuyo ruedo tiene un diámetro mínimo de 40 metros y albergan todo tipo de espectáculos) y cada tres en las de categoría B (las dedicadas a festejos menores sin picadores). El certificado de estas revisiones será imprescindible para mantener la inscripción de la plaza en el registro oficial.
En cuanto a las exigencias técnicas, el decreto aprobado hoy establece, entre otras, la ubicación de la plaza en lugares de fácil acceso; la orientación de sus fachadas a espacios abiertos y aptos para la circulación rodada; la obligatoriedad de que las localidades sean fijas de asiento; la limitación de 60 asientos por fila entre pasos transversales; la instalación de barandillas de seguridad de un metro de altura en los lugares que presenten peligro de caída, y la habilitación de zonas de acceso para personas discapacitadas. Asimismo, se exige la instalación de un local de enfermería dotado de los medios materiales y humanos que fija la normativa estatal. Por lo demás, el decreto incluye las mismas condiciones de seguridad recogidas en la Norma Básica de la Edificación y Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios.
Para la inscripción en el Registro de Plazas de Toros Portátiles, que tendrá una validez de cinco años prorrogables, los promotores deberán aportar, entre otros documentos, el proyecto suscrito por el arquitecto o aparejador y visado por el colegio oficial, un estudio de evacuación de las personas, un protocolo técnico de montaje de la plaza y otro de conservación.
Las autorizaciones de apertura, que correrán a cargo de los ayuntamientos, deberán solicitarse con una antelación de 15 días a la celebración del espectáculo y quedarán extinguidas a partir del 31 de diciembre del año de su concesión.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de los planes de instalaciones deportivas en Andalucía, norma prevista en la Ley del Deporte de Andalucía con el objetivo de ordenar la dotación de este tipo de infraestructuras de acuerdo con las necesidades de la población, las prioridades en política deportiva y los criterios de planificación territorial de la Junta.
El nuevo texto legal incluye la regulación del Plan Director y de los Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas, además de otra serie de normas relacionadas con la construcción y la cesión de estos equipamientos a los entes locales.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas, cuyos contenidos básicos se recogen en el primer capítulo del decreto, se configura como el principal instrumento encargado de definir las necesidades de la comunidad autónoma en esta materia y formular los proyectos adecuados para generalizar la práctica del deporte y corregir los desequilibrios territoriales existentes. Diseñado con una estructura comarcal, este plan promoverá la colaboración financiera entre todas las administraciones públicas y prestará especial atención al fomento del deporte base. Su aprobación definitiva está prevista para el otoño de 2002 y tendrá un periodo de vigencia de seis años.
El decreto incluye diversas medidas para equilibrar las aportaciones de la Administración deportiva andaluza con las provenientes de otros sectores públicos y privados en el proceso de elaboración del Plan Director. De este modo, establece la creación de un consejo de coordinación interdepartamental integrado por representantes de las distintas consejerías de la Junta afectadas, además de promover la máxima participación de todos los sectores interesados, y especialmente de las entidades deportivas andaluzas, a través del Consejo Andaluz del Deporte.
Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas, regulados en el capítulo II, serán elaborados y aprobados por los municipios y, entre otros objetivos, se encargarán de establecer las previsiones concretas para las correspondientes reservas de suelo y de planificar la construcción y mejora de instalaciones destinadas a uso público, las dotaciones para centros escolares y la provisión del material deportivo y de personal técnico y facultativo. Estos planes tendrán una vigencia de tres años y su ejecución también correrá a cargo de los municipios, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte.
Por último, el decreto aprobado hoy fija en su capítulo III una serie de normas para la construcción, mejora y reforma de instalaciones deportivas. Asimismo, prevé una regularización de las cesiones de la titularidad de estas infraestructuras a favor de los municipios andaluces, como medio para promocionar su construcción. Estas cesiones deberán incluirse en los convenios que suscriba la Consejería de Turismo y Deporte con los entes locales. En cualquier caso, se establece que la Junta de Andalucía prestará colaboración financiera a los municipios cuyos proyectos se recojan tanto en el Plan Director como en los Planes Locales de Instalaciones Deportivas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. El texto, que se adapta a las últimas reformas de procedimiento administrativo común introducidas en la legislación estatal, define el Consejo Asesor como órgano de asistencia, estudio y propuesta de RTVE en Andalucía y de su delegado territorial, así como representante de los intereses de la comunidad autónoma en dicho ente estatal.
Respecto al anterior reglamento de 1985, la norma aprobada hoy, propuesta por el propio Consejo Asesor, introduce la novedad de que los consejeros puedan agruparse en secciones o grupos en función de los distintos grupos parlamentarios que los hayan propuesto.
La Ley 2/82, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación de su reglamento de ejecución y desarrollo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Castil de Campos, en el municipio de Priego de Córdoba. La nueva entidad, que surge tras el acuerdo alcanzado entre sus vecinos y el ayuntamiento de esta localidad cordobesa con la mediación de la Junta de Andalucía, asumirá, entre otras competencias, las relativas a licencias de obras, recogida de residuos, tráfico, ferias y fiestas locales, servicios sociales y actividades culturales.
La figura de la Entidad Local Autónoma, creada en 1997 de acuerdo con la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, tiene como principales objetivos descentralizar y mejorar la gestión y los servicios que se prestan en aldeas y pedanías alejadas de los núcleos que ostentan capitalidad municipal. Esta figura armoniza los intereses del municipio matriz y los del núcleo separado, además de atender las demandas vecinales de una mayor y más directa participación.
Con el decreto aprobado hoy, Castil de Campos se suma a los siete núcleos de población reconocidos hasta ahora como entidades locales autónomas por el Gobierno andaluz: Las Marismillas, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla); Isla Redonda-La Aceñuela, en Écija (Sevilla); San Martín del Tesorillo, en Jimena de la Frontera (Cádiz); Serrato, en Ronda (Málaga); Bácor-Oliva, en Guadix (Granada); Mures, en Alcalá la Real (Jaén), y Villanueva de la Concepción, en Antequera (Málaga).
Actualmente, la Consejería de Gobernación estudia la constitución de otras cinco entidades locales autónomas, concretamente las de Valderrubio, Dehesas Viejas, Ventas de Zafarraya y Domingo Pérez, todas ellas en la provincia de Granada.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención de 812 millones de pesetas a la Diputación Provincial de Jaén para la mejora del abastecimiento de los 23 municipios que se beneficiarán de la futura presa del Víboras, actualmente en construcción.
Este organismo provincial aporta el 15% de los 5.414 millones de pesetas destinados al proyecto de este embalse y a la construcción de las infraestructuras para incorporar sus caudales a los sistemas de abastecimiento. El resto de la inversión corresponde a la Administración central.
La subvención autorizada hoy se recoge en el convenio que suscribirán próximamente la Consejería de Obras Públicas y la Diputación de Jaén para dar solución a los problemas de abastecimiento de agua a la población de esta provincia.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de seguridad vial en un tramo de 14 kilómetros de la carretera entre Fuente-Tójar y Almedinilla, en la provincia de Córdoba. Para ello ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 39 millones de pesetas.
Las obras incluyen la construcción de un ramal de acceso al núcleo urbano de Castil de Campos, la colocación de barreras de seguridad, el repintado de la señalización horizontal y la renovación de la obra de fábrica relacionada con los pasos de agua.
El Consejo de Gobierno ha acordado otorgar la concesión provisional de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a los ayuntamientos de Abla, Lubrín y Somontín (Almería); Guadix (Granada); Herrera (Sevilla) y Jaén.
A la espera de la aprobación definitiva de sus características técnicas, estas emisoras utilizarán las siguientes frecuencias: Abla, 107.5; Lubrín, 107.0; Somontín, 100.2; Guadix, 94.5; Herrera, 107.9 y Jaén, 106.0.
Transcurrido el primer año de la V Legislatura, el Parlamento de Andalucía se convierte una vez más en centro y eje de la vida política con motivo del Debate sobre el Estado de la Comunidad.
Esta sana costumbre democrática es una oportunidad para hacer una valoración de la actividad desarrollada por el Gobierno Andaluz durante este tiempo y para contrastar las propuestas y alternativas de los partidos o coaliciones presentes en la Cámara. El protagonismo de estas sesiones va sin embargo más allá del estricto ámbito parlamentario. Le corresponde, sobre todo, a los andaluces y andaluzas, a una sociedad que ha evolucionado, que se ha esforzado en superar los problemas e inconvenientes del pasado, que mira con decisión hacia adelante y que plantea nuevas necesidades y mayores aspiraciones de progreso y bienestar.
Nuestra responsabilidad como representantes de los ciudadanos es, por tanto, dar una respuesta viable y eficaz a estas demandas y realizar por encima del día a día, un análisis en profundidad de la situación actual de Andalucía, a fin de poder enfrentar los retos o desafíos inmediatos y continuar avanzando hacia el futuro.
Tal es, en definitiva, la finalidad que se propone el Consejo de Gobierno al remitir al Parlamento esta Comunicación, que debe permitir a los diferentes Grupos posicionarse ante los temas que más nos afectan y facilitar, de alguna manera, el funcionamiento del próximo Debate.
Se trata del primero que celebramos en el nuevo siglo y este horizonte es un obligado punto de referencia. Téngase en cuenta que, dentro de pocos meses, el euro será una realidad de nuestra vida cotidiana, que la ampliación de la Unión Europea es un compromiso que nos puede afectar muy directamente y que el proceso de globalización de la economía nos lleva a competir en un marco cada vez más exigente y nos impone garantizar el acceso de Andalucía a la sociedad de la información y del conocimiento.
Estos y otros retos son insoslayables y nos advierten de la necesidad de redoblar los esfuerzos públicos y privados en favor del desarrollo económico y social. El objetivo de crear más y mejor empleo sigue siendo una prioridad, para lo que es preciso fortalecer el tejido productivo, apoyar las actividades emprendedoras e impulsar la modernización, eficiencia y competitividad de las empresas andaluzas.
Hay que compaginar este crecimiento de la economía con el respeto al medio ambiente, base de nuestro modelo de desarrollo y, al mismo tiempo, aplicar políticas de solidaridad e igualdad de oportunidades que favorezcan la cohesión en el seno de la sociedad y la participación de todos sus integrantes, sin diferencias de edad, sexo, capacidad o procedencia.
Este es nuestro principal activo y rentabilizar el nivel de formación actual, el dinamismo y la creatividad de los andaluces y andaluzas, así como su experiencia ancestral de convivencia y entendimiento, resulta un factor esencial para afrontar los grandes desafíos tecnológicos y la realidad multicultural y multiétnica de las nuevas sociedades urbanas.
El diálogo y la colaboración son señas de identidad de Andalucía y herramientas habituales de trabajo de su Gobierno. Durante el último año se han alcanzado y formalizado importantes acuerdos en el ámbito parlamentario, económico, social, cultural o universitario.
También en el terreno de la política se ha creado un nuevo clima de relaciones interinstitucionales, que debemos aprovechar para resolver contenciosos aún pendientes y para consolidar el papel de Andalucía en el Estado de las Autonomías. Nuestra pertenencia a España como gran proyecto común de solidaridad y pluralidad y el hecho de haber contribuido eficazmente al cumplimiento de los requisitos de convergencia, nos permiten hacer referencia a temas cuya solución depende en buena medida del consenso con el Gobierno de la Nación. La financiación del sistema autonómico, el reconocimiento del censo, el desarrollo de un programa de inversiones, la situación del sector pesquero tras el fracaso del acuerdo con Marruecos o los problemas derivados de los flujos migratorios, son algunos de los más destacados.
El Debate del Estado de la Comunidad debe analizar estas cuestiones y las que propongan los partidos o coaliciones parlamentarias. Esperamos que esta suma de iniciativas redunde en el éxito del mismo y, sobre todo, en el progreso de Andalucía y en el bienestar de los andaluces y andaluzas.