En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado,
entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado
un Decreto que establece un plazo de tres meses para facilitar
el acceso a la propiedad de los titulares adjudicatarios de viviendas
de promoción pública en régimen de acceso
diferido a la propiedad. Mediante este Decreto, la Junta pretende
vender a sus adjudicatarios 18.400 viviendas.
Estas viviendas fueron construidas durante los años 50,
60 y 70 por el Instituto Nacional de la Vivienda y cedidas posteriormente
a sus adjudicatarios en régimen de "acceso diferido
a la propiedad". Este régimen es una figura jurídica
híbrida entre el arrendamiento y la compraventa, por el
cual se transfiere al cesionario la posesión de la vivienda,
conservando el cedente su dominio hasta tanto aquél haya
satisfecho las cantidades a que esté obligado. La Junta
de Andalucía asumió en 1983 la gestión y
conservación de este parque integrado por más de
45.000 viviendas, cuyos adjudicatarios abonan una cuota entre
150 y 500 pesetas al mes. Con este Decreto la Junta oferta a los
adjudicatarios la posibilidad de amortizar anticipadamente el
importe de las viviendas para que adquieran la plena titularidad
de las mismas, siendo de cuenta de la Administración Autonómica
los gastos notariales y registrales.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes viene
desarrollando un amplio programa de amortizaciones anticipadas
desde 1990, cuya aplicación ha supuesto hasta el momento
la enajenación de cerca del 60 por ciento de las viviendas
afectadas, obteniendo un beneficio neto de casi 850 millones de
pesetas. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
ha enajenado hasta fecha 26.000 viviendas de este tipo.
La aprobación de este Decreto permitirá dar cumplida
respuesta a una petición insistentemente demandada por
gran número de los usuarios afectados. La Junta pretende
así completar el objetivo de vender a corto plazo las viviendas
a sus respectivos adjudicatarios, que tendrán de esta forma
la posibilidad de contar con su título de propiedad de
manera inmediata debido a la poca cuantía de las amortizaciones
pendientes.
Según el Decreto aprobado, las solicitudes presentadas
con anterioridad serán tramitadas de oficio, introduciendo
la posibilidad de regularizar en la titularidad aquellas situaciones
de ocupación de viviendas que lo requieran. Además
y a fin de ofrecer las mayores facilidades económicas para
la aceptación de la oferta, se permite fraccionar el pago
de la liquidación resultante durante 12 meses, sin interés,
cuando el importe de la misma sea igual o superior a 150.000 pesetas.
No obstante, el importe medio de la amortización de estas
viviendas se ha estimado en torno a 75.000 pesetas por vivienda.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto por el que se atribuyen
competencias a determinados órganos de la Consejería
de Agricultura y Pesca en materia de subvenciones financiadas
por el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), y en materia
sancionadora. El FAGA gestiona y controla todas las líneas
de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos.
El objetivo principal del Decreto es racionalizar y agilizar la
tramitación de los más de 300.000 expedientes y
250.000 millones de subvenciones que gestionará el FAGA,
como uno de los organismos pagadores más importantes de
la Unión Europea.
Según el acuerdo aprobado, corresponde al Director General
de Información y Gestión de Ayudas, como Director
del FAGA, la competencia para la resolución de los expedientes
de subvenciones financiadas, total o parcialmente, por el citado
fondo, de acuerdo con lo establecido por un Decreto de julio de
1996 que creaba el Fondo Andaluz de Garantía Agraria.
Sobre la atribución de competencias en materia sancionadora,
el Decreto establece que corresponde a las delegaciones provinciales
de la Consejería de Agricultura y Pesca incoar y tramitar
los procedimientos sancionadores relativos a su ámbito
de competencias, exceptuando los que, según la ley, corresponda
tramitar a los consejos reguladores de denominaciones de origen
y específicas o al Comité de Agricultura Ecológica.
Para resolver los procedimientos sancionadores, serán competentes
los delegados provinciales de la Consejería cuando las
multas no sobrepasen las 500.000 pesetas, los directores
generales para imponer multas desde 500.001 pesetas hasta 2.500.000
pesetas, y el Consejero de Agricultura y Pesca para la imposición
de multas de cuantía superior a 2.500.000 pesetas.
En cualquier caso, corresponderá al Consejo de Gobierno
la competencia para sancionar las infracciones que lleven aparejadas
la suspensión temporal de actividades y cierre del establecimiento.
Cuando esta suspensión se adopte como medida de carácter
provisional en el procedimiento, será acordada por el Consejero
de Agricultura y Pesca.
Las ayudas a la producción y consumo de aceite de oliva,
con unos 200.000 expedientes y 110.000 millones de pesetas de
subvención (80 por ciento del total nacional) ocupan el
primer lugar por su volumen. Las de superficie a cultivos herbáceos
incluyen 60.000 expedientes y 90.000 millones de pesetas. Las
ayudas de algodón, 12.000 expedientes y 30.000 millones
de pesetas (90 por ciento del total nacional). Las ayudas de ovino-caprino,
vacas nodrizas, pasas, etc, 28.000 expedientes y unos 20.000 millones
de pesetas.
El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar hasta los 248 millones
de pesetas, de los más de 148 previstos inicialmente, las
inversiones de la Consejería de Gobernación y Justicia
destinadas a completar la Red Básica de Parques de Bomberos
de Andalucía.
Estos 100 millones de ampliación se dedicarán a
ejecutar los compromisos adquiridos por la Consejería con
las Diputaciones y Consorcios provinciales de Huelva, Jaén,
Córdoba, Sevilla y al término de las obras complementarias
del Parque de Bomberos de Almería. Asimismo, se complementarán
también las segundas anualidades de los convenios suscritos
con los Consorcios de Bomberos de Granada y Almería y con
el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a los Ayuntamientos de El
Ejido y Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, para
adoptar su bandera municipal, y al de Carcabuey (Córdoba)
su escudo heráldico.
Las características de estos símbolos son las siguientes:
Bandera de El Ejido (Almería)
Bandera de forma rectangular, vez y media más larga
que ancha (del asta al batiente), quedando dividida en onda perpendicularmente
al asta en dos franjas iguales; la superior de color verde bandera,
la inferior de color blanco cargada con cuatro fajas ondeadas
de color azul marino, todas proporcionadas en anchura y longitud.
Bandera de Roquetas de Mar (Almería)
Bandera de seda o tafetán, rectangular, de proporción
4:6, cortada de forma ondulante, desde el lado inferior más
próximo al asta hasta el lado superior batiente, siendo
la parte superior de color azur (cielo), con el sol de oro ajustando
su eje geométrico al del tercio más próximo
al asta. La parte inferior color plata (mar).
Escudo de Carcabuey (Córdoba)
Escudo partido: 1º de gules y una banda de oro engolada
en dragantes de los mismo, acompañada en lo alto de una
cruz hueca y floreteada de lo mismo, y en lo bajo un águila
coronada del mismo metal. 2º de oro y una torre almenada
de gules aclarada de oro y mazonada de sable. Al timbre, Corona
Real española cerrada.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto que declara de interés
social, a efectos de expropiación forzosa, la conservación,
mantenimiento y utilización compatible con sus valores
de la Torre del Homenaje, antigua fortaleza musulmana enclavada
en el término granadino de Huéscar.
Con esta iniciativa se logra la adquisición de la planta
baja y parte de la parte primera del inmueble, única parte
del mismo cuya titularidad no corresponde a la Consejería
de Cultura, al objeto de su rehabilitación.
Estas dependencias sometidas a expropiación forzosa se
encuentran en estado ruinoso y desocupadas, por lo que era prioritario
contar con ellas para emprender una intervención inmediata
sobre el conjunto para conservar sus valores históricos
y arqueológicos.
La Torre del Homenaje de Huéscar es parte integrante de
una fortaleza militar y figura inscrita como castillo árabe
en el inventario de protección del Patrimonio Europeo.
La relevancia monumental de este edificio viene determinada por
su carácter histórico y arqueológico, testigo
del poblamiento de la zona desde el primer milenio de nuestra
era. Además, el inmueble constituye una prueba de la pervivencia
del plano y la reutilización de materiales constructivos
por distintas culturas.
La Consejera de Cultura, Carmen Calvo, ha informado al Consejo
de Gobierno de las obras de emergencia que realiza su Departamento,
por importe global de catorce millones de pesetas, para reparar
diversos daños en la Iglesia de Nuestra Señora de
las Nieves, de Alanís de la Sierra (Sevilla), y la Iglesia
y Claustro de San Francisco, en Córdoba.
En el caso de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves,
el informe emitido por técnicos de la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla indica
la necesidad de acometer obras de emergencia en el citado inmueble,
dado que los numerosos desprendimientos de fragmentos de chapitel
suponen una situación de grave riesgo para los viandantes.
Asimismo, y por este estado, las filtraciones de agua de lluvia
están originando el deterioro de los elementos de la estructura
de la torre.
Por lo que respecta a la Iglesia y Claustro de San Francisco,
las obras se justifican en el estado del monumento, con grave
peligro de deterioros y daños irreversibles. Para esta
operación se han destinado 6,7 millones de pesetas, mientras
que otros 7,7 se dedican a la actuación en la Iglesia de
Alanís de la Sierra.
El Consejo de Gobierno a nombrado, a propuesta del Consejero de
Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, a
María José Sánchez Rubio Delegada Provincial
de este Departamento en la provincia de Granada.
La nueva Delegada es licenciada en Psicología y Diplomada
en Trabajo Social y Gerontología y funcionaria de la Junta
de Andalucía.