Andalucía, 24 de
marzo de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la tramitación del anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.
La importancia de las Cajas de Ahorros en el sistema financiero, puesta de manifiesto en su cuota de participación en el mercado de créditos y depósitos en Andalucía, justifica la necesidad de una norma con rango de Ley, que persigue un doble objetivo, económico y social: de un lado, implicar a las cajas de ahorros en el desarrollo económico de Andalucía, contribuyendo a fines de interés público tales como el fomento del empleo, el apoyo a los sectores productivos y la protección del medio ambiente; de otro, subrayar la consideración de estas entidades como patrimonio de los andaluces, avanzando en su democratización, vigilando en el cumplimiento de su función económico-social y señalando los criterios para una adecuada política de administración y de inversión del ahorro.
El anteproyecto de Ley persigue, igualmente, que los órganos de gobierno de las cajas reflejen adecuadamente la nueva realidad de estas entidades que, tras el proceso de expansión y de fusiones experimentado en los últimos años, han difuminado su primitivo carácter localista.
Hasta ahora, la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), fija las bases jurídicas sobre las que se configuran las formas de gestión colectiva de las Cajas de Ahorros, enmarcándose en un triple objetivo: democratización de los órganos de gobierno; exigencia de una gestión eficaz basada en criterios de rigor y profesionalidad y, por último, establecimiento de una norma coherente con la nueva organización territorial del Estado, que confiere a determinadas Comunidades Autónomas competencia sobre cajas de ahorros.
Algunas Comunidades Autónomas a las que sus estatutos de Autonomía otorgan competencias en la materia, desarrollan la LORCA mediante normas con rango de Ley. La Comunidad Autónoma de Andalucía lo hace a través del Decreto 99/1986, de 28 de mayo, y de las órdenes de 8 de octubre de 1986 y 21 de octubre de 1987, que desarrollan el mismo, así como por el Decreto 299/1988, de 11 de octubre, que vino a modificar parcialmente el anterior.
La estructura básica por títulos del anteproyecto de ley es la siguiente:
*Título I: Disposiciones Generales
*Titulo II: De la creación, fusión, disolución y modifica ción de estatutos.
*Título III: Registros de las Cajas de Ahorros de Andalu cía.
*Título IV: Régimen económico y control.
*Título V: De los Organos de Gobierno.
*Título VI: Obra social.
*Título VII: De los Organos asociativos.
*Título VIII: Del defensor del cliente.
*Título IX: Régimen sancionador.
En el orden económico, el anteproyecto de Ley busca articular una mayor implicación de las Cajas de Ahorros en el desarrollo económico y la generación de empleo en Andalucía, a la vez que favorezca la modernización del sistema financiero de la Comunidad Autónoma.
Entre los objetivos sociales, prima la consideración de las Cajas de Ahorros como patrimonio de los andaluces con el fin de avanzar en la democratización de las Cajas bajo el principio de participación, a la vez que se procura que los beneficios en las Cajas reviertan en la sociedad andaluza.
Principales novedades
Como principales novedades, el anteproyecto de Ley incorpora la regulación de las fusiones (art. 11-16) ya que se establece que las cajas de ahorros con domicilio social en Andalucía se puedan fusionar con otras cajas de ahorros. También figura la creación del Registro de las Cajas de Ahorros de Andalucía (art.19-20). Este registro será público y en él se inscribirán las Fundaciones que gestionan la obra social.
Otra incorporación importante del anteproyecto se refiere al control (arts. 32-38), atribuyéndose a la Consejería de Economía y Hacienda las funciones de inspección. Al tiempo, se regula la intervención de las Cajas y la sustitución de los órganos de gobierno a propuesta de la Junta de Andalucía o a petición de los órganos de gobierno de las cajas.
En referencia al mandato y reelección de los miembros de los órganos de gobierno (arts. 39-51), se mantiene el criterio recogido en la LORCA, con un mandato de cuatro años ampliable a uno nuevo de cuatro años.
Respecto a la composición de la Asamblea General (arts. 54-60), el anteproyecto establece que la Asamblea estará constituida por un mínimo de 60 miembros y un máximo de 160. La Asamblea General estará integrada por las Corporaciones Locales en un 35%; los impositores en un 28%; la Junta de Andalucía en un 21%; los fundadores en un 9% y los empleados en un 7%.
Los Consejeros Generales correspondientes a la Junta de Andalucía serán designados, en un cincuenta por ciento, por el Parlamento de Andalucía, atendiendo a la proporcionalidad de los grupos; el cincuenta por ciento restante, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Además, la nueva norma establece la constitución de una Entidad Financiera común de las Cajas Andaluzas (arts.100-102). Se trata de una entidad financiera de carácter asociativo para atender proyectos cuya envergadura exija la actuación sindicada de todas las Cajas y para aprovechar los efectos positivos de su acción conjunta en la mejora de la prestación de los servicios financieros.
Por último, también recoge el Anteproyecto la creación de la figura del Defensor del Cliente (arts. 103-108), y del Instituto Andaluz de Finanzas (Disposición Adicional Segunda). El Instituto tendrá como objetivo el actuar como principal instrumento de la Política de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias en materia de política financiera.
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 65/1997 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, y contra determinadas partidas presupuestarias de la Sección 32.
Según los fundamentos jurídicos del recurso, la Ley de Presupuestos del Estado para 1998 vulnera los artículos 1, 2, 9, 14, 31, 40, 131, 133, 137, 138, 139, 149.1.1ª, 149.1.13ª y 149.1.14ª, 150, 156, 157, 158 y 161.1.c) de la Constitución; artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 74 y Disposición Transitoria Sexta del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como los artículos 2, 4 y 13, y Disposición Transitoria de la LOFCA.
El Consejo de Gobierno considera que los Presupuestos Generales del Estado para 1998 infringen los principios de autonomía financiera, coordinación de la Hacienda Estatal, solidaridad, territorialidad, libertad de circulación y de establecimiento de personas y bienes, igualdad básica entre todos los españoles en el cumplimiento de los deberes Constitucionales y suficiencia financiera.
Como se recordará, el acuerdo de 27 de noviembre de 1997 del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la financiación de la sanidad para el período 1998-2001, aplicó los datos del Padrón de 1 de mayo de 1996, el mismo que se utiliza para fijar la participación en los tributos de Estado de las Corporaciones Locales, como se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Por el contrario, en el nuevo sistema de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001 se utiliza el censo de 1988. La Comunidad Autónoma de Andalucía votó en contra de la propuesta del Gobierno Central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el 23 de septiembre de 1996.
Así pues, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico para la presentación de la demanda ante el Pleno del Tribunal Constitucional, basándose en la vulneración de los principios constitucionales enumerados antes.
Este recurso de inconstitucionalidad se suma a los tres ya interpuestos el 17 de marzo de 1997 contra el artículo único, apartado 4º, 5º, 7º y 8º de la Ley Orgánica 3/1996 que modifica parcialmente la LOFCA; contra los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 12/1996 de los Presupuestos Generales del Estado para 1997; contra los artículos 2.1ºA), 3.B), 5.2º, 8, 10, 12.1º, 13.1º y 2º, 14.2º, 27 y 28 de la Ley 14/1996 de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas; y, finalmente, contra el artículo 4 del Real Decreto-Ley 7/1997, que aprueba las porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, este último acordado el pasado 8 de julio de 1997.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de los Consejos Andaluces de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Ambos entes tendrán personalidad jurídica plena y actuarán en representación de los colectivos de estas profesiones en toda la Comunidad Autónoma.
Con la creación de estos dos nuevos consejos andaluces de colegios son ya 14 los órganos de este tipo aprobados por la Junta de Andalucía desde la entrada en vigor de la ley a finales de 1995, a los que hay que añadir otros 10 que se encuentran en trámite. Además, la Administración autonómica está elaborando tres proyectos de ley para la creación de los colegios profesionales de podólogos, fisioterapéutas y protésicos dentales.
Tras la aprobación del Consejo de Gobierno, los nuevos consejos de colegios disponen de un plazo de seis meses para la elaboración y aprobación de sus respectivos estatutos y de los órganos de gobierno que los regirán. En la elaboración de los estatutos habrá al menos un representante de cada colegio, debiendo contar para su aprobación con el visto bueno de la mayoría de sus directivas, además de obtener la ratificación de sus juntas o asambleas generales.
Una vez superado este proceso, estos estatutos deberán ser remitidos a la Consejería de Gobernación y Justicia para su calificación de legalidad, inscripción en el registro de Consejos de Colegios y publicación en el BOJA. La creación de estos nuevos consejos se inició a raíz de las peticiones realizadas desde los distintos colegios oficiales que representan a estos profesionales en cada una de las provincias andaluzas, que aprobaron en sus respectivas juntas de gobierno esta iniciativa.
El Consejo de Gobierno ha declarado, a propuesta de la Consejería de Cultura, Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, la iglesia del convento de Santo Domingo, ubicada en el barrio del Perchel de Málaga.
Este inmueble es un fragmento del complejo conventual que ocupaba gran parte de una manzana situada en la zona norte de dicho barrio.
Como valores históricos del inmueble cabe destacar la fundación del convento del que formaba parte la iglesia en el siglo XV, tras la conquista cristiana. Desde el punto de vista arquitectónico, sobresale la espacialidad y ornato propios del carácter sagrado y representativo de un edificio que ha mantenido su uso religioso desde su fundación hasta la actualidad.
Son reseñables asimismo las propias trazas del edificio y sus elementos, dotados de un cierto carácter escultórico, como es el caso de las dos mesas de altar de la capilla del Rosario, realizadas en el siglo XVIII con marquetería de ágata, jaspe y mármol, así como un púlpito realizado también en ágata.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, ha aprobado un decreto por el que se establecen unas modificaciones en la normativa que regula los premios Andalucía de Medio Ambiente. Desde ahora estos galardones podrán contar con una dotación económica u otra de distinta naturaleza, eligiendo los jurados respectivos entre estas opciones o la ya estipulada consistente en una obra de un artista andaluz de reconocido prestigio. Los premios se entregarán conjuntamente con un diploma acreditativo. Además, los jurados deberán estar compuestos por un número impar de miembros, no exclusivamente cinco como disponía la anterior normativa.
El objetivo de estas modificaciones es adecuar una composición de los jurados más flexible a las circunstancias de cada convocatoria, y que la naturaleza de los premios esté en función de los factores de cada edición, respetando las líneas básicas, el espíritu y la finalidad estipulados en la normativa anterior.
Los premios Andalucía de Medio Ambiente, creados en diciembre de 1991, se conceden anualmente y cuentan con tres modalidades: Conservación de la Naturaleza, Protección de la Calidad Ambiental y Difusión de los valores naturales de Andalucía. Estos galardones tienen por finalidad reconocer la labor de personas físicas, grupos y entidades públicas o privadas que se hayan destacado en la defensa de los valores medioambientales de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a los presidentes de las seis Autoridades Portuarias de Andalucía. Son los siguientes:
Málaga: Enrique Linde Cirujano.
Huelva: José Jenaro García-Arreciado Batanero.
Almería-Motril: José Antonio Amate Rodríguez.
Bahía de Cádiz: Rafael Barra Sanz.
Bahía de Algeciras: Manuel Morón Ledro.
Sevilla: Manuel Fernández González.
Enrique Linde Cirujano: Abogado. Entre otros cargos ha sido consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, presidente de la Diputación de Málaga y gobernador Civil de Granada.
José Jenaro García-Arreciado Batanero: Ingeniero industrial. Fue director general de Trabajo de la Junta en la etapa preautonómica. En la actualidad es portavoz del PSOE en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados.
José Antonio Amate Rodríguez: Diputado a Cortes desde 1980. En la actualidad es secretario de la Comisión de Política Social y Empleo y vocal de la Comisión de Infraestructuras.
Rafael Barra Sanz: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Actualmente es el director del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz.
Manuel Morón Ledro: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Desde 1982 es director del términal marítimo en la Bahía de Algeciras de la empresa Gibraltar-Intercar.
Manuel Fernández González: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es el portavoz socialista de Industria en el Parlamento de Andalucía y vocal de la Comisión de Economía y Hacienda.