El proyecto de Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía ha superado el debate de totalidad en el Parlamento y será enviado a la comisión correspondiente para sustituir a la actual, aprobada en 1984. El documento ha sido elaborado con la participación de distintas administraciones, universidades, archivos privados y asociaciones profesionales.

El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha defendido ante el Pleno del Parlamento dicho proyecto de Ley indicando que las nuevas normativas regionales, nacionales y europeas, las nuevas formas de tramitación, los cambios tecnológicos, la generalización de la investigación y la "democratización de los servicios públicos" aconsejaban la renovación de la norma. "Hemos pasado de la era Gutemberg a la Sociedad de la Información", ha dicho el consejero.

Las novedades principales, ha indicado el consejero de Cultura al Parlamento, suponen un cambio en el concepto de documento, una mejora en la protección y en las condiciones de acceso por parte de la ciudadanía a los archivos, y un modelo común de gestión para toda la vida de los documentos. La ley también establece, en la Disposición Adicional Primera, la máxima categoría de protección -Bien de Interés Cultural- para el Archivo General de Andalucía (AGA) y para el Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

La futura Ley se aplicará a los documentos de titularidad pública, al Patrimonio Documental de Andalucía (fondos de interés para la comunidad autónoma) y a los archivos que constituyen el Sistema Archivístico de Andalucía, integrado actualmente por 947 centros públicos y seis privados. Dentro de este sistema 76 archivos que contienen 8,4 millones de registros de información, se gestionan ya por el sistema @rchivA, originario de Andalucía, por el que se han interesado otras comunidades autónomas, universidades y la administración del Estado. Paulino Plata ha agregado que en 2010 se digitalizaron 400.000 documentos.

En cuanto al concepto de documento, la futura ley prevé que, además de características como el origen o la antigüedad, se tendrá en cuenta el valor cultural del mismo. Por otro lado, y para mejorar la protección y tutela, se dispone la posibilidad de su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). El texto dispone también la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía, en el que se identificarán aquellos documentos privados de interés para la comunidad autónoma, independientemente de su antigüedad.

Gestión integral

Otra de las novedades recogidas en el proyecto de ley es la reestructuración del Sistema Archivístico de Andalucía, especialmente dirigida al establecimiento de un modelo común e integral de gestión de los documentos, que se aplicará a lo largo de toda la vida de los mismos, desde el momento en que se originan hasta que se decide sobre su conservación permanente o eliminación total, de tal forma que se garantiza la conexión entre los archivos y los centros productores.

Con este objetivo, en el ámbito de la Administración autonómica se implantará el Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía como herramienta para la gestión integrada de todo el material documental de su competencia. Asimismo, se crean los denominados Archivos Intermedios, que reunirán documentos de la Administración periférica de la Junta hasta su ingreso definitivo en el Archivo General de Andalucía o en los históricos provinciales, y se regulan las normas de ejecución y custodia de los documentos electrónicos que genera o recibe la Junta. Para este material digital el proyecto de Ley crea un registro específico.

Respecto a la regulación del acceso, el proyecto amplía y facilita el derecho a la información de los documentos públicos al adoptar como norma la posibilidad general de consulta, siempre y cuando se trate de expedientes de procedimientos terminados y con las excepciones de la protección de los intereses establecidos constitucionalmente (seguridad y defensa del Estado, etc.). Para este hecho la nueva ley crea la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso, que tendrá carácter ejecutivo. En el caso de los fondos de titularidad privada, el acceso se limita específicamente a los inscritos en el CGPHA y a aquellos que tienen consideración de patrimonio documental y se custodian en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía.