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Junio 2020

"Al rescate de la Historia: 40 años de salvaguarda del Patrimonio Documental de Andalucía" 

En los años 80 del pasado siglo, el Archivo Histórico de Córdoba estaba viviendo un momento crucial de su existencia. Después de varias décadas de gestiones infructuosas para conseguir que se le dotara de instalaciones adecuadas, gestiones que se habían iniciado en 1946, momento de su creación, y que hasta 1979 no se había concretado en ningún proyecto viable, al fin se había elegido una ubicación definitiva y se habían iniciado las obras de adaptación del edificio, que se inauguraría en el año 1984.

El local elegido era la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos, una de las iglesias parroquiales fundadas tras la reconquista cristiana de la ciudad, que, desacralizada en el siglo XVIII y privatizada en el XIX, se encontraba en ese momento en un estado de ruina. Pronto se vería que espacio de este edificio resultaba realmente escaso para el cumplimiento de las funciones de un archivo incluso de pequeño tamaño, por lo que sería necesario adquirir locales colindantes para ampliar sus instalaciones

Las obras de adaptación en el cuerpo principal del edificio estaban muy avanzadas pero aún no se habían dado por terminadas, cuando en 1983 toma las riendas del Archivo una jovencísima Esther Cruces Blanco que asume el cargo de directora, recién aprobadas sus oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Sus dotes, iniciativa y extraordinaria energía iban a resultar decisivas en un momento crítico para la conservación del patrimonio documental.

El fin del régimen franquista había supuesto la extinción de las instituciones que habían vertebrado el Movimiento y que entre 1975 y 1979 fueron liquidándose poco a poco: las Delegaciones Provinciales de la Sección Femenina, Auxilio Social y Juventud, la Jefatura Provincial del Movimiento y el Diario Córdoba, órgano del régimen. El personal de esos organismos se integró en la administración del Estado y luego de las Comunidades Autónomas, los edificios se asignaron a otras funciones pero ¿qué sucedió con los documentos de esas instituciones, aquellos que testimoniaban su actividad durante los pasados cuarenta años? Fueron momentos de verdadero peligro de pérdida documental, con lo que esto hubiera supuesto a la hora de reconstruir una parte muy significativa de la historia de España. Se precisaba una reacción rápida de los responsables de los archivos para evitarlo. Y la hubo.

Esther Cruces tuvo el músculo necesario, pese a su total falta de experiencia en las labores de dirección, para recoger, a veces en condiciones extremadamente difíciles, la mayor parte de esta documentación. En el caso de Sección Femenina y Juventud, la tarea se vio favorecida por el hecho de que personal e instalaciones se habían transferido a la Consejería de Cultura, de la que también dependía el propio Archivo Histórico Provincial. Con algunas pérdidas inevitables, los archivos de esos organismos pudieron rescatarse y hoy pueden consultarse e incluso utilizarse como prueba de derechos, como viene siendo el caso con el Servicio Social de la Sección Femenina, tras el dictamen del Tribunal Supremo que reconoce dicho servicio como tiempo computable a efectos de jubilación. Otros documentos corrieron peor suerte, como los de Auxilio Social, transferido a la Consejería de Trabajo, parte de los cuales se perdieron, y sobre todo el archivo de la Jefatura Provincial del Movimiento, desaparecido sospechosamente casi por completo, sin dejar rastro de su destino. Con la venta del Diario Córdoba, órgano del Movimiento, a una empresa privada, se transfirió al Archivo Histórico toda su documentación administrativa, pero desgraciadamente no su archivo hemerográfico que naturalmente se entregó a los nuevos propietarios del periódico como una de las condiciones de la venta.

Con la extinción del régimen, se liquidó también la Organización Sindical patronizada por éste, los llamados Sindicatos Verticales, aunque pasando primero por un estadio en que fueron reconvertidos en Asociaciones de Servicios Profesionales (AISS). Se trataba de un grupo de fondos de una enorme magnitud y una importancia excepcional, pues los Sindicatos durante la época franquista realizaban funciones administrativas muy variadas, aparte de las propiamente sindicales, enmarcandose dentro de la Administración Corporativa del Estado.

El volumen de documentos en la Delegación Provincial de la Organización Sindical de Córdoba que ingresó en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba en 1986 superaba los 2.000 legajos, que habían quedado en depósito en el edificio de la Delegación, en la Avenida Gran Capitán, desde 1979. En teoría, habían sido organizados e inventariados antes de producirse su transferencia, pero sólo lo fue una pequeña parte del fondo, quedando el resto sin describir, y lo que es peor, embalado sin mayor cuidado en paquetes de papel estraza, en los que junto a los documentos se incluían algunas veces hasta restos de cascotes de obra.

Pero ante el riesgo de pérdida documental, no había tiempo que perder. Urgía actuar con rapidez. Y así lo entendió la directora del Archivo Histórico Provincial, que tramitó el ingreso de los fondos de la Delegación Provincial lo antes posible. Los documentos transferidos vinieron a ocupar casi toda una planta de las cinco que componían el nuevo depósito en la calle Pompeyos, unos 700 metros lineales de un total de algo más de 4000.

No sólo eso, sino que Esther Cruces asumió la importancia de rescatar los fondos de buen número de Delegaciones Sindicales Comarcales cuya existencia peligraba, recorriendo la provincia de Córdoba y argumentando con quien hiciera falta para asegurarse de que estos archivos pudieran sobrevivir a la extinción de los organismos que los generaron. Fruto de esas gestiones fue el ingreso en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba de los documentos de las Delegaciones Comarcales de Fuente Obejuna, Palma del Río, Pozoblanco, Puente Genil y Rute, a los que muy recientemente se han sumado los de las de Cabra y Montilla.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta labor, podríamos decir heroica, de rescate, se seguían recibiendo transferencias habituales de la Delegación Provincial de Hacienda, cuyo archivo aún estaba a cargo de la directora del Histórico Provincial, quien por ley asumía ambas funciones. Pero también se estaban llevando a cabo importantes transferencias de los órganos judiciales, la de más envergadura la del fondo de la Audiencia Provincial, que incluyó documentación del Tribunal Contencioso Administrativo. Por primera vez se ingresaron en un archivo histórico y no se expurgaron literalmente como "papel viejo" los sumarios penales cuyo valor jurídico había prescrito. Estos fondos vinieron a unirse a los de las Magistraturas del Trabajo y algunos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que ya estaban en el Archivo, y a los que seguirían bastantes más.

El depósito, cuyas dimensiones no se proyectaron con demasiada visión de futuro, en unos pocos años estuvo a la mitad de su capacidad, y todavía estaba por llegar la transferencia sin duda más importante de su historia, aquella que había estado esperando desde su nacimiento, la que había dado razón a su creación y justificado su existencia, la de los protocolos notariales de Córdoba y provincia. Desde entonces, las funciones del Archivo habían ido ampliándose y el alcance de sus fondos abriéndose, hasta abarcar mucho más de lo calculado en un principio, pero siempre contando con la documentación notarial como su razón de ser.

Estamos en el año 1990. El Archivo tiene una nueva directora que acaba de tomar posesión de su cargo, Esperanza Miranda Crespo, y pronto su plantilla de técnicos va a aumentar, como en el resto de los archivos históricos andaluces gestionados por la Consejería de Cultura, en tres nuevas plazas que se sumarán al único ayudante de archivos con que hasta ahora contaba. El momento es propicio para emprender nuevos proyectos y se van a dar las circunstancias para que estos se produzcan cuando, gracias al entendimiento entre la propia Esther Cruces Blanco, a la sazón directora del Archivo General de Andalucía así como directora en funciones del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, y el entonces Decano del Colegio Notarial de Sevilla, Francisco Cuenca Anaya, va a darse vía libre a las transferencias tanto del Archivo de Protocolos de Sevilla como del de Córdoba a sus respectivos Archivos Históricos Provinciales.

A finales de 1990 se empezará a preparar la transferencia, que tendrá lugar en 1991, de los protocolos notariales pertenecientes no sólo al Distrito de Córdoba sino también a los de Aguilar de la Frontera, Castro del Río, Lucena y Montoro: 13.226 tomos fechados entre 1442 y 1890. Un tesoro inigualable en riqueza documental, que vendrá a unirse a los protocolos de los Distritos de Baena y Cabra con los que ya contaba el Archivo. La organización y descripción de todos ellos para ponerlos a disposición de la comunidad de investigadores y usuarios sería tarea a la que se dedicaría el personal del Archivo durante años y que todavía no se da por concluida. Las transferencias notariales, en especial las del Distrito de Córdoba, han seguido produciéndose con regularidad, hasta culminar en fechas muy recientes con la del Distrito de La Rambla, actualmente en tratamiento y organización. Sinceramente esperamos que no sea el último archivo notarial de Distrito que trasfiera sus protocolos centenarios a nuestro Centro.

Han pasado casi cuarenta años desde que entraron los primeros documentos en el depósito del actual edificio de este Archivo, y pronto, el año que viene, se cumplirán los 75 de que fue creado. Desde entonces sus fondos se han ido enriqueciendo con transferencias, donaciones e incluso algunas adquisiciones, pero siguiendo el ejemplo de las personas que nos han precedido, siempre hemos tenido como nuestro empeño prioritario el evitar la pérdida de cualquier documento que sea testimonio de nuestra historia, pues sin duda nuestra tarea principal es garantizar su conservación para que pueda ser conocido por las generaciones futuras.