A mediados de los años ochenta la Consejería de Obras Públicas y Transportes se encontraba inmersa en el empeño de dar respuesta a una serie de problemas aún no resueltos en Andalucía: el déficit de viviendas, la organización del crecimiento de las ciudades o la recuperación del patrimonio edificado, por citar algunos de los más relevantes. Para enfrentar la solución a estos problemas se fueron diseñando y aplicando instrumentos que contribuyeron a definir una política novedosa en muchos aspectos. Al mismo tiempo fue cobrando fuerza la idea de que era necesario conocer la situación en relación con estas cuestiones en aquellos países que mantenían en sus ciudades la huella de un patrimonio y unas formas de vida reconocibles en las nuestras, en concreto los países de Iberoamérica y del Magreb.