Proporciona informacion actualizada sobre la demanda de vivienda, permitiendo a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo para satisfacer las necesidades exigentes.
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Establece las bases para la adjudicación de Viviendas Protegidas en el ámbito municipal.
Estos registros tienen ámbito municipal y es competencia de Ayuntamiento correspondiente, quien regula las bases que rigen para su funcionamiento.