La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este lunes en la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión urgente del sistema de financiación para la dependencia. “Urge revisar la financiación del sistema de dependencia, no puede esperar más”, ha asegurado López, quien ha advertido que, de seguir como hasta ahora, el sistema está abocado al colapso.

En el marco de esta reunión, en la que la consejera ha intervenido de manera telemática, se ha abordado el planteamiento del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de reformar la Ley de Dependencia. Así, la titular de Igualdad ha señalado que sería el momento de revisar el sistema para conseguir el sostenimiento del mismo en condiciones de igualdad y con garantías. De hecho, López ha señalado que la reforma no incorpora memoria económica.

Además, durante el consejo se ha informado de la distribución del crédito para el nivel acordado del sistema de dependencia y Andalucía contará con 143,3 millones. Se trata de 200 millones menos de lo que correspondería a la comunidad autónoma si no estuvieran prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Andalucía, que gestiona el mayor sistema de dependencia del país, recibe “una financiación claramente insuficiente”, la cual se ha visto agravada por la prórroga de los PGE a raíz de la convocatoria de las elecciones catalanas. “Al final a quien se perjudica es a las personas más vulnerables, a las personas en situación de dependencia”, ha proseguido López, que ha instado al Gobierno a priorizar el interés general de todos los españoles frente al de ciertos territorios.

La titular de Inclusión Social ha explicado que el Ejecutivo esgrime que ha aumentado la financiación. No obstante, este incremento está ligado a nuevas obligaciones que superan en coste el aumento recibido por Andalucía. De este modo, se agrava la infrafinanciación que arrastra la comunidad.

Loles López ha incidido en que la Junta de Andalucía afronta “a pulmón” el sostenimiento del sistema de dependencia, que por primera vez supera las 400.000 prestaciones y roza las 286.800 personas beneficiarias. Este esfuerzo se ha visto reflejado en la reducción en un 70 por ciento de las personas pendientes de prestación. En concreto, pasando de las 75.097 al cierre de 2018 a las 22.581 del pasado mes de mayo, lo que supone más de 52.500 personas menos.

Por otro lado, López ha expresado su preocupación por la financiación singular que se plantea para Cataluña debido a las posibles consecuencias que esto podría acarrear para Andalucía y, en concreto, al mantenimiento del sistema de dependencia. “Defendemos que una persona en situación de dependencia andaluza no vale menos que una vasca o catalana” y por tanto, es necesario un sistema equilibrado y justo que se podría reformular ahora que el ministro contempla una reforma de la Ley de Dependencia.

Tarjetas monedero

Asimismo, otro de los asuntos abordados en el consejo territorial ha sido el programa de asistencia material básica, --conocido como tarjetas monedero--, donde la consejera ha reiterado su oposición al actual modelo impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales ya que “perpetuará un sistema” que deja fuera a 280.000 andaluces en situación de extrema vulnerabilidad. Se trata de un modelo “excluyente y caótico” que habrá que ejecutar hasta 2027 y al que la Consejería de Inclusión Social se ha opuesto desde el principio.

“Llevamos desde agosto de 2023 advirtiendo de las grandes carencias de este modelo. Y comunidades autónomas como Andalucía no estamos dispuestas a perpetuar este modelo en 2025, 2026 y 2027 cuando tenga que asumir el programa”, ha destacado la consejera, que ve fundamental que se dé un sistema dual (combine reparto de alimentos y la tarjeta) para llegar a todos los rincones de Andalucía y que se reformulen los destinatarios para conseguir la máxima cobertura.

Colectivos vulnerables como jubilados con pensiones muy bajas, personas sin hogar, personas migrantes, mujeres víctimas de trata, familias con hijos mayores de 18 años son excluidos de este programa, que solo recoge como destinatarios a personas con hijos menores.

Por último, la consejera ha alertado de nuevo de que solo 120 municipios cuentan con supermercados donde se puede utilizar la tarjeta monedero y que solo hay 319 establecimientos en toda la comunidad. “En ocho de cada diez municipios andaluces no hay ninguna tienda donde poder usar la tarjeta monedero, obligando a familias sin recursos a desplazarse a kilómetros de distancia para poder acceder a productos básicos”, ha sentenciado la consejera, quien ha insistido en que el modelo impuesto por el Gobierno es “caótico, excluyente y discriminatorio”.