La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presidido la reunión de la Comisión de Participación en materia de concertación con centros de atención especializada para personas mayores y con discapacidad donde ha informado sobre las líneas de actuación respecto al concierto social para el año 2021. Ruiz ha anunciado que se está estudiando una ampliación de 500 plazas para el servicio de atención residencial para personas en situación de dependencia, de las que 200 serán destinadas a personas mayores y 300 a personas con discapacidad. Con este nuevo incremento, en la presente legislatura se habrá ampliado la oferta en 1.265 plazas de atención a personas en situación de dependencia, un dato que contrasta con las 265 que se crearon con el Gobierno anterior (entre 2015-2018).

En la actualidad, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tiene concertadas un total de 31.963 plazas tras las distintas convocatorias realizadas hasta la actualidad. Del total, 13.975 se corresponden a atención residencial y 5.292 a centros de día y de noche para personas mayores en situación de dependencia. Por otro lado, 5.096 son de atención residencial, 2.474 para centros de día y de noche y 5.126 para centros ocupaciones para personas con discapacidad en las mismas circunstancias de dependencia.

Sin embargo, según ha señalado la consejera, “hoy por hoy, se ha puesto de manifiesto la necesidad de volver a publicar una nueva convocatoria en ambos expedientes para que las entidades que ya participan en el concierto puedan ajustar su oferta de plazas, así como que puedan incorporarse nuevas entidades y centros y, a su vez, se realice una ampliación de plazas para el servicio de atención residencial”.

Por lo tanto, este incremento de plazas será licitado mediante las nuevas convocatorias de concierto social, a excepción de 24 plazas para personas con discapacidad en la provincia de Almería que se corresponderán a plazas en centros de titularidad pública.

Respecto a la evolución de la ocupación de los centros de atención residencial y centros de día desde el inicio de la pandemia por Covid-19 hasta la actualidad, la consejera ha informado de “porcentajes muy similares, excepto en el caso de los centros de día para personas mayores, población que ha resultado más vulnerable al coronavirus y que ha tenido que restringir su actividad diaria fuera de sus domicilios”. No ha sido así, sin embargo, en los casos de los centros de día y ocupaciones para personas con discapacidad que tienen niveles de ocupación similares a los de antes del inicio de la crisis social y sanitaria (83 y 82% respectivamente). Asimismo, la atención residencial para personas mayores se encuentra a casi el 94% de ocupación y para las personas con discapacidad a más del 96%.

Con el objetivo de que las personas mayores puedan volver a sus centros de día con las máximas garantías, la Consejería ha puesto en marcha un nuevo plan de impulso para un servicio que ha sido fundamental para las personas en situación de dependencia hasta el inicio de la pandemia, cuando el número de personas beneficiarias ascendía a más de 14.000 en toda Andalucía.

Así, se ha establecido la priorización de las propuestas del Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día, así como la tramitación del expediente de aquellas personas que, siendo atendidas a través de este servicio, se encuentran a la espera de su resolución en el ámbito de la dependencia. Por otra parte, se ha ampliado hasta el 31 de mayo las medidas económicas para estos centros, que garantizan la financiación de las plazas concertadas y ocupadas, a las que se aplica una reducción del 60% en la aportación correspondiente al servicio y está garantizada la vacunación contra el Covid-19.

Finalmente, Rocío Ruiz ha informado durante el desarrollo de la Comisión que “durante 2021, está prevista la actualización de los costes máximos de las plazas en centros de día y residenciales para personas en situación de dependencia según el IPC, para lo que abrimos un proceso con las entidades de consulta sobre propuestas de subida por tipología de plazas”.

Medidas económicas durante la crisis por Covid-19
Desde el inicio de la crisis social y sanitaria, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha adoptado una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema público de atención. Unas iniciativas que se han acompañado de medidas económicas de carácter extraordinario con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios y de un seguimiento proactivo de los casos de mayor vulnerabilidad, así como asegurar el mantenimiento del empleo en las entidades prestadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En total, más de 22 millones de euros que han servido, entre otras cuestiones, para garantizar la plaza ocupada al abonar el 80% de su coste, la reconfiguración del servicio, un descuento del 60% en la aportación de la persona beneficiaria en los casos de imposibilidad de atención presencial y la priorización del cambio de recurso en los centros de día; la ausencia voluntaria hasta 60 días, salidas voluntarias superiores a 20 días y el abono de las plazas libres durante la suspensión de incorporaciones en la atención residencial.

A esta medida, se sumó el apoyo económico a las entidades con plazas concertadas mediante un abono adicional con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios ocasionados por la atención durante la pandemia según la tipología y el número de plazas ocupadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020. Esta cantidad, que asciende a 13,5 millones de euros, ha sido abonado casi en su totalidad y, en la actualidad, los centros están dentro del plazo de acreditación de los gastos en los que hayan incurrido en cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención e higiénico sanitarias establecidas por las autoridades competentes: compra de equipos de protección individual, contratación de personal y medidas adicionales de higiene y protección.