El Consejo de Gobierno ha conocido la iniciativa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la puesta en práctica del proyecto piloto del nuevo modelo de procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Esta propuesta tiene como objetivo reducir a cero la lista de espera en dependencia, agilizando el proceso mediante la unificación de las fases de valoración de la situación de dependencia y la determinación de la modalidad de intervención en virtud del principio de simplificación administrativa.

Por tanto, la puesta en práctica de este proyecto para pilotar un modelo de proceder simplificado es un campo de experimentación normativa que permitirá ir modulando las medidas que se establezcan y validando su operatividad, lo que ayudará a la toma de decisiones sobre una base empírica y cuantificable durante el proceso de tramitación normativa. De hecho, la buscada agilidad administrativa pasa por una única resolución en la que se determine la valoración de la dependencia y los servicios o prestaciones.

En estos momentos, la Consejería se encuentra ultimando la redacción inicial del proyecto de Decreto, así como toda la documentación justificativa y económica que debe acompañarlo para su tramitación, una vez sustanciado el trámite de consulta previa y tras valorar las aportaciones recibidas.

En Andalucía, el Decreto 168/2007, de 12 de junio, regula este procedimiento y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, tiene encomendado el desarrollo de las actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El procedimiento establecido hasta el momento consta de una fase de valoración, tras la cual se obtiene el reconocimiento de la situación de dependencia en alguno de los tres grados establecidos; y otra fase de reconocimiento de la prestación, previa elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), donde se determina qué recurso es el más adecuado para la persona.

En la fase inicial, el personal de valoración realiza una primera visita al domicilio de la persona solicitante y eleva propuesta a la Delegación Territorial para que dicte la resolución del grado de dependencia. En la segunda fase, los servicios sociales comunitarios o la ASSDA elaboran la propuesta de PIA mediante otra visita domiciliaria que, junto con la documentación acreditativa y el informe social, se remite a la Delegación Territorial de nuevo como representante de la Agencia de Servicios Sociales en la provincia respectiva para que dicte la correspondiente resolución.

Tal y como está estructurado, el procedimiento conlleva un plazo de tres meses para la primera resolución y otros tres para la segunda, pero hasta que no se obtiene la resolución del grado de dependencia no se inicia la segunda fase de elaboración del Programa Individual de Atención.

Metodología y muestra

La nueva propuesta de modelo de procedimiento determina que, desde los Servicios Territoriales de la ASSDA, se realice la gestión de una única cita para valorar la situación de dependencia y realizar la propuesta de PIA.

La principal variable que se medirá en el diagnóstico respecto a la consecución del objetivo será el tiempo medio de resolución del grado de dependencia y de la resolución del PIA en comparación con la suma de las fases del proceso actual. Asimismo, se tendrá en cuenta el tiempo medio de desarrollo de las visitas domiciliarias de cara a estudiar su viabilidad y el nivel de satisfacción de la persona interesada en el proceso.

La muestra comprende 20 municipios seleccionados de acuerdo con parámetros como el peso provincial de la población en lista de espera y pendiente de elaboración de PIA, con dos experiencias piloto por provincia o un máximo de seis y nunca más del 50% de las corporaciones objeto por provincia.

Este proyecto piloto consta de dos fases: una primera con una visita de valoración conjunta del personal valorador y personal con funciones de elaboración de PIA; y una segunda con una visita del personal formado para ambas valoraciones. El proceso tiene una duración prevista de siete meses comprendidos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022.

Este programa piloto se enmarca en el plan de choque impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación desde el inicio de la legislatura para reducir las listas de espera de personas beneficiarias de la dependencia y los tiempos de tramitación de las solicitudes, además de mejorar los servicios y prestaciones del sistema. Así, entre las medidas propuestas se encuentran la simplificación procedimental y la integración de procedimientos administrativos y técnicos, en cuyos casos se puede requerir desarrollos normativos, como es la propuesta que ha conocido el Consejo de Gobierno.