La liquidación del patrimonio común deberá realizarse previo inventario de bienes y deudas debidamente valorados.
El régimen económico matrimonial puede liquidarse mediante:
Las partidas que habrán de componer el activo de la sociedad de gananciales son las siguientes:
Las partidas del pasivo podrán ser:
Para el caso de que no se llegue a un acuerdo en el reparto de los bienes y las deudas (activo y pasivo de la sociedad de gananciales, respectivamente), podrá solicitarse de forma contenciosa mediante un procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial (articulo 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas previstas en la legislación civil.
Admitida la demanda de separación, divorcio o nulidad, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la formación de inventario para que, una vez recaída sentencia judicial firme que resuelva el procedimiento contencioso, pueda procederse a su liquidación. Una vez presentada la solicitud, el/la Secretario/a judicial señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. En el día y hora señalados, procederá el/la Secretario/a Judicial, con los cónyuges, a formar el inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en la legislación civil para el régimen económico matrimonial de que se trate.
Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando habiendo comparecido ambos cónyuges lleguen a un acuerdo, se consignará el inventario en el acta y se dará por concluido el acto. En el mismo día o en el siguiente se resolverá por el Tribunal lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.
De discutirse sobre la inclusión o exclusión de algún concepto, en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones planteadas, aprobando el inventario de la comunidad matrimonial y acordando lo que sea procedente sobre la administración y disposición de los bienes comunes. Concluido el inventario, una vez firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su liquidación.
La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de formación de lotes, de liquidación, de pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y de división del remanente en la proporción que corresponda.
Admitida a trámite la solicitud de liquidación, el/la Secretario/a judicial señalará (dentro del plazo máximo de diez días) día y hora en el que los cónyuges deberán comparecer al objeto de alcanzar un acuerdo o, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las operaciones divisorias. Cuando sin mediar causa justificada alguno de los cónyuges no comparezca el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de liquidación efectuada por el cónyuge comparecido. En este caso, como cuando habiendo comparecido ambos cónyuges lleguen a un acuerdo, se consignará el acuerdo en el acta y se dará por concluido el acto.
De no lograrse acuerdo entre los cónyuges sobre la liquidación del régimen económico-matrimonial, se procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador y, en su caso, de peritos, conforme a lo establecido en el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 785 y siguientes del citado cuerpo legal.
Liquidada la sociedad de gananciales, se podrá realizar la compensación entre cónyuges (artículo 1.405 del Código Civil), para lo que se podrán abonar, por ejemplo, las cantidades impagadas de alimentos establecidas en sentencias de nulidad, separación o divorcio.
El TÍTULO IV del Código Civil relativo al matrimonio, concretamente en su CAPÍTULO IX, denominado “los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio”, podrán ser aplicables en las uniones de hecho con descendencia, ya que la relación jurídica paterno-filial es idéntica en las uniones matrimoniales y no matrimoniales.
Respecto a las consecuencias patrimoniales, en la ruptura de las uniones no matrimoniales, no cabría en principio establecer pensión compensatoria para la mujer, pues dicho derecho se fundamenta en el Artículo 97 del Código Civil, siendo reiterada la jurisprudencia que considera que no es de aplicación analógica este precepto a la ruptura de las uniones de hecho, como tampoco lo son los regímenes económicos matrimoniales. Sin perjuicio de que se acuerden pactos patrimoniales que regulen la convivencia no matrimonial. Consultar apartado titulado “Regímenes económicos en las Parejas de Hecho”.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado diferentes soluciones para indemnizar a la parte perjudicada tras el cese de la convivencia extramatrimonial:
Respecto al uso del que fuera el domicilio familiar, si existen hijos o hijas menores de edad la jurisprudencia mayoritaria entiende plenamente aplicable a las uniones de hecho lo que se dispone en el artículo 96 del Código Civil, debiendo sustituirse la palabra cónyuge por conviviente. De lo que se deduce que podrá ser otorgado a los hijos e hijas y al progenitor en cuya compañía queden, con independencia de la titularidad de la vivienda.
La pensión compensatoria tiene un carácter indemnizatorio, pretende compensar el desequilibrio que la ruptura matrimonial produce en la mujer con relación a la situación económica que poseía mediando el vínculo conyugal.
Podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una pensión de pago único, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.
La mujer ha de solicitarla expresamente ya que la autoridad judicial no la fija de oficio, y han de tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:
La mujer ha de probar la existencia del desequilibrio económico que le produce la ruptura matrimonial. La pensión compensatoria puede sustituirse, de mutuo acuerdo, por una renta vitalicia, por un usufructo sobre determinados bienes (derecho a disfrutar de una cosa de la que no se es propietaria) o por la entrega de un capital en bienes o en dinero.
La pensión compensatoria se extingue cuando:
a) Desaparece el desequilibrio económico que la motivó.
b) La beneficiaria contraiga nuevo matrimonio.
c) la beneficiaria conviva maritalmente de forma permanente y estable con otra persona.
En caso de fallecimiento del obligado al pago, sus herederos pueden solicitar la reducción o suspensión de la pensión compensatoria, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.
El sistema de custodia compartida no exime de la obligación legal de alimentos y por tanto, siguiendo el criterio de proporcionalidad que establece el Código Civil, se fijará la aportación de acuerdo a los ingresos de cada progenitor.