La mujer extranjera víctima de malos tratos podrá dirigirse para interponer la correspondiente denuncia: al Puesto de la Guardia Civil (Equipo de Mujeres y Menores / EMUME), a la Jefatura de Policía Local, a la Comisaría de Policía Nacional (Servicio de Atención a la Familia / SAF) al Juzgado de Guardia, o al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su Partido Judicial.

•  Conforme a la Instrucción nº DGI/SGRJ/6/2011 de la Secretaría General de Inmigración y Emigración: no se incoará expediente sancionador por encontrarse la mujer en situación administrativa irregular y, de haberse iniciado con anterioridad a la denuncia, se suspenderá el expediente sancionador o la ejecución de la medida de expulsión o devolución.
• Especialmente, se informará a la víctima, de forma clara y accesible, del derecho que le asiste a solicitar a la autoridad judicial la adopción de alguna o algunas de las medidas de protección o seguridad que la legislación contempla, entre ellas, la Orden de protección, a cuyo fin se cumplimentará el modelo de dicha solicitud.
•  También se le informará de su derecho a solicitar  una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, tan pronto le sea concedida la Orden de protección o en su defecto el Informe del Ministerio Fiscal (acreditativo de la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género) y que le será concedida  una vez se dicte Sentencia de condena, sin distinguir entre condena por delito o por falta de violencia de género, con la posibilidad muy acertada de que en el intervalo del tiempo existente entre la solicitud de la autorización y su concesión (una vez dictada sentencia de condena) se le otorgue una autorización provisional de residencia y de trabajo que le supondrá a la víctima la desvinculación económica de su cónyuge o pareja (artículo 31 bis de la Ley Orgánica de Extranjería). De existir hijos/as menores de edad,podrá la mujer en el momento de la presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos/as menores de edad, o de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso de mayores de 16 años, que se encuentren en España en el momento de la denuncia.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral contra la Violencia de Género establece en su artículo 17 la garantía de los derechos de las víctimas, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

También establece la citada Ley Integral contra la Violencia de Género (artículo 32) que los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. En la elaboración de dichos planes se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad.

Si el progenitor obligado al pago dejare de pagar, durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o  hijas e hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o por resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, comportando además el pago de las cuantías adeudadas (artículo 227 Código Penal).