La Junta de Andalucía ha manifestado que la reforma de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo supone un retroceso de 30 años. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha manifestado su rechazo a esta modificación ideológica que vulnera la libertad y decisión de las mujeres.

Sánchez Rubio ha asegurado que no hay necesidad de modificar una ley que está en vigor, que funciona, que es garantista y progresista, y que apuesta por los derechos y libertades de las mujeres. En este sentido, ha recordado que la Ley actual engloba la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo y que se trata de una ley de plazos en sintonía con la legislación europea y de la mayor parte de los países desarrollados. Esta norma “garantiza esos derechos, que ahora se van a ver vulnerados con una reforma elaborada en contra de la opinión pública”, ha subrayado.