La separación o el divorcio son dos opciones a las que podrá acudirse de forma indistinta. Bastará que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que, sin tener que alegar causa alguna y transcurridos tres meses desde la celebración del mismo, solicite judicialmente la separación o el divorcio bien de mutuo acuerdo o de manera contenciosa.

No será preciso el plazo de tres meses para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de las hijas e hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

El Código Penal establece una equivalencia entre cónyuges y personas ligadas por análoga relación de afectividad, aún si convivencia.

En esta línea se pronuncia la Ley Integral contra la Violencia de Género cuando, en su artículo articulo 1.1, establece la finalidad de actuar contra aquella violencia que como, manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia.

Por ello, en los delitos de malos tratos, sean o no habituales, se equipara la esposa con la pareja sentimental.

Las parejas de hecho podrán, al no aplicarse de modo analógico los regímenes económicos matrimoniales (gananciales, separación de bienes o de participación), pactar libremente el régimen económico por el que se vayan a regir, conforme a  la dispuesto en  el Capítulo II relativo a las "Relaciones Personales” de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.

Estos pactos también pueden fijar una compensación económica, si tras el cese de la convivencia se produce desequilibrio económico respecto de uno de los convivientes en relación a la posición del otro, de tal modo que suponga una merma a la situación previa al establecimiento de la convivencia (artículo 10 de la Ley de Parejas de Hecho de Andalucía).

Consecuentemente, los convivientes podrán celebrar los pactos que estimen oportunos para gestionar, repartir la titularidad y los rendimientos de los bienes que tengan o adquieran mientras dure su convivencia.

Para el caso de que acuerden regirse por la comunidad de bienes (equiparable a la sociedad de gananciales), la situación legal de los convivientes será la que a continuación se describe:

•  Los bienes adquiridos por cualquiera de los convivientes, durante la convivencia, se presumirán comunes y en caso de ruptura se atribuirá la mitad de los mismos o de su valor a cada uno de los miembros de la pareja.
• La vivienda, aunque haya sido adquirida en exclusiva por uno de los convivientes, no podrá ser objeto de  ninguna disposición  sin el consentimiento del compañero/a o autorización judicialmientras dure la convivencia.
• Durante la convivencia existe la obligación entre los convivientes de prestarse alimentos.
• Los bienes de ambos quedan sujetos al levantamiento de las cargas familiares.
•  Al término de la convivencia podrá solicitarse, por uno de los convivientes,  el pago de una pensión por desequilibrio o compensación económica en atención al trabajo realizado para la pareja  o  cuidado del hogar durante el periodo efectivo de  dicha convivencia.

 De no existir pacto, no podrá aplicarse el régimen de comunidad de bienes, por lo que el/la conviviente tendrá que acreditar sus derechos sobre todos y cada uno de los bienes que compongan el patrimonio común (mediante facturas, transferencias bancarias destinadas al pago de la hipoteca, etc.). En todo caso, los pactos nunca podrán perjudicar a terceros. Por tanto, los miembros de la pareja estable serán  responsables solidarios frente a terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos necesarios para el mantenimiento de la casa. Por tanto, las Administraciones Públicas de Andalucía no inscribirán en el Registro aquellos pactos que atenten contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de cualquiera de sus integrantes. Tampoco podrán ser contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

Durante la convivencia el uso y disfrute del domicilio familiar corresponde a la   pareja y a las hijas e hijos con quienes convivan.

De producirse la  ruptura de la unión de hecho, permanecerá en la vivienda quien la pareja decida y, de no alcanzarse un acuerdo, será la autoridad judicial la que disponga sobre el uso y disfrute del domicilio familiar, para lo que se tendrá en cuenta la existencia de menores o la mayor desprotección de uno de los convivientes.