Andalucía contará por primera vez con un Protocolo de respuesta pública ante las violencias machistas

El documento, impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer, busca potenciar la coordinación, unidad e implicación de los poderes públicos.

Andalucía tendrá por primera vez un protocolo de respuesta institucional ante la violencia de género. Esta mañana el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del Protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las violencias machistas, impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer, con el propósito de unificar la respuesta institucional de todos aquellos organismos en contacto con la violencia de género a fin de reducir una doble victimización. Por ello, se protocoliza la respuesta y se aúna las actuaciones de las distintas instituciones y agentes sociales.

Este protocolo da respuesta al acuerdo de 9 de abril de 2019 por el cual el Consejo de Gobierno instó a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a iniciar las actuaciones necesarias para la formulación y aprobación del Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía, manifestando así su compromiso en la lucha contra las violencias machistas que, como ejercicio de control y dominio, se ejerce principalmente contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida por el simple hecho de ser mujeres. Al mismo tiempo, este texto desarrolla la La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que recoge en su artículo 60 la obligación de promover la elaboración de protocolos de actuación; así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

En este sentido, el Protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las violencias machistas pretende, siguiendo dichas leyes, ser una guía para visibilizar la violencia sufrida por las víctimas de violencia de género, de una manera crítica hacia la conducta del agresor, y presentar a las hijas e hijos menores de las mismas como víctimas directas de dicha violencia, preservando su protección y tratamiento de la información.

A pesar de los avances, sensibilización, compromisos políticos y sociales en la lucha contra la violencia de género, continúa siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad y los efectos para las mujeres y sus hijas e hijos que la sufren, obstaculizando de forma grave su acceso a la igualdad de derechos y oportunidades, y yendo en contra de los derechos de las y los menores a un desarrollo adecuado y una violación de sus derechos como infancia. La violencia machista como instrumento de control y mantenimiento de las desigualdades de género es una realidad compleja que se adapta a las transformaciones y cambios sociales, existiendo diferentes tipos y formas que deben analizarse para su abordaje y comprensión constantemente.

Así, este Protocolo impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, organismo competente en materia de violencia de género, establece la concreción y el procedimiento de las actuaciones, así como las responsabilidades de los sectores implicados en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, con el objeto de garantizar la prevención, la atención eficaz y personalizada, y la recuperación de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o que son víctimas de la violencia de género.

Asimismo, se persigue salvaguardar y priorizar el respeto a las víctimas de violencia machista guiando la respuesta institucional unificada en esta materia, potenciando la respuesta institucional unificada en esta materia, potenciando la coordinación e implicación de los poderes públicos. Entendiendo que una acción combinada y aunada de todos los poderes públicos y agentes sociales implicados, tendrá un efecto multiplicador de nuestra acción y por tanto, del efecto en el resto de la sociedad.

Este Protocolo se activará en los casos de violencia de género con resultado de muerte, tanto en los supuestos recogidos en la ley estatal contra la violencia machista; es decir, el asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja o como resultado de una agresión sexual, el asesinato de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y el asesinato de cualquier familiar o persona del entorno de la víctima como consecuencia de acciones en defensa de la víctima. Así como en los supuestos previstos en la ley andaluza contra la violencia de género, que incluye los homicidios o asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el infanticidio de niñas por estos motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la violencia sexual y el homicidio o asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata.

El presente Protocolo también aspira a fomentar los mecanismos de coordinación con las asociaciones de mujeres y todas las organizaciones no lucrativas por la igualdad, a las que se reconoce su trayectoria en esta lucha, que han logrado que las instituciones asuman su responsabilidad en esta materia e introducido en la agenda política de manera irrevocable, la igualdad y los derechos de las mujeres. Además, se podrá tener en cuenta a otros agentes sociales, marcando los procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía para dar una respuesta pública rápida, coherente y eficaz a las situaciones producidas por violencia machista.

Para tal fin se creará la Comisión de Coordinación del Protocolo cuya finalidad será garantizar la coordinación interdepartamental para la prevención, atención y derivación de los casos de violencia machista, el seguimiento y valoración general del Protocolo y su activación. Dicha comisión estará presidida por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer y además estará formada por dos personas designadas por la Dirección del IAM, en representación del mismo; una representación de los Centros Provinciales de la Mujer, a través de las asesoras de Programa; y una persona en representación de la Dirección General de Emergencias.

Además, con el objetivo de contribuir a romper el silencio de la ciudadanía y las instituciones frente los asesinatos machistas creando conciencia y sensibilización ciudadana, se llevarán a cabo acciones de rechazo. En este sentido, el Gobierno andaluz, a través de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, convocará en todas las capitales de provincia una concentración institucional de cinco minutos de duración bajo el lema ‘ANDALUCÍA: contra las violencias machistas’.

El documento también establece un procedimiento de mejora en la intervención y/o atención de las víctimas, para lo cual se contempla un grupo de análisis y la elaboración de una memoria anual que recogerá la coordinación del desarrollo global del protocolo y el seguimiento de propuestas y mejoras. Esta memoria será elaborada por la Comisión de Coordinación y elevada a la Consejería competente en materia de violencia de género, con el fin de hacer pública sus actuaciones y la consecución de los objetivos de la misma. Este texto se integrará en la Memoria 8M del Instituto Andaluz de la Mujer, y se dará cuenta de la misma en la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y Observatorio de Violencia de Género en Andalucía tras su publicación.

Finalmente, el Protocolo establece acciones para crear una cultura de rechazo a la violencia de género, concentraciones de repulsa en los centros del Instituto Andaluz de la Mujer cada día 25 del mes, declaraciones institucionales del Gobierno andaluz con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), mensaje en los edificios públicos de la Junta de Andalucía durante dichas efemérides, actuaciones cercanas a contextos festivos y de ocio como la realización de campañas o los Puntos Violeta de información sobre violencia machista y recomendaciones para la ciudadanía con el fin de lograr una mayor implicación de la sociedad en la erradicación de la violencia de género.

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