En este sentido, la consejera ha continuado explicando que “las políticas más restrictivas provocan métodos clandestinos e inseguros de interrupción del embarazo, que ponen en peligro la salud de las mujeres y que además no reducen el número de abortos y sitúa a los y las profesionales en una situación de inseguridad jurídica”. Sánchez Rubio ha manifestado que deben situarse los “derechos de las mujeres en primera línea de la acción política y no puede darse ni un paso atrás”.

 
Datos de IVE en Andalucía

Sánchez Rubio ha destacado como “aval de la Ley vigente” los datos de Interrupciones Voluntarias del Embarazado (IVE) en Andalucía. En 2013, descendió en un 11% el número de interrupciones voluntarias del embarazo con respecto a 2012. Se mantiene, por tanto, la tendencia a la estabilización en las interrupciones voluntarias del embarazo.

“Estos datos ponen de manifiesto que la reforma que pretendía acometer el Gobierno central de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es innecesaria puesto que la Ley actual está permitiendo un descenso de los datos de Ives”, ha afirmado la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. “La actual normativa está posibilitando reducir el número de abortos protegiendo los derechos de las mujeres y su capacidad de decisión”, ha apuntado Sánchez Rubio, quien ha continuado expresando que “esta tendencia a la baja del número de abortos refleja la importancia de la educación sexual y reproductiva y la promoción de la salud que incluye la actual Ley” y que es la principal vía para evitar embarazos no deseados.

La actual Ley de 2010 ha posicionado a España al nivel de países del entorno y reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad libre y responsablemente. La mayoría de los países europeos reconocen el aborto por libre decisión de la mujer entre las 8 y las 24 semanas en función del país (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia…) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de las mujeres (Inglaterra, Finlandia e Islandia). En Europa sólo dos países (Irlanda y Polonia) mantienen una legislación limitada a situaciones de riesgo vital para la mujer y uno (Malta) lo prohíbe totalmente.