Por su parte, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres ha acordado en su reunión de hoy exigir al Gobierno central un gran acuerdo social y político contra la violencia de género, en el se implique a todos los ámbitos de la sociedad (institucional, asociativo, laboral,...) y que contemple medidas excepcionales que ponga freno al terrorismo de género y a su origen, el machismo.
‘Decálogo de exigencias’
La comisión permanente del CAPM ha aprobado un 'Decálogo de Exigencias', que abarca desde medidas extraordinarias contra la violencia hasta una revisión de todos aquellos recortes y reformas legislativas “que están abriendo aún más la brecha de género, mermando los derechos de las mujeres y, en consecuencia, impidiendo avanzar en la lucha contra el maltrato machista”, tal y como se recoge en el documento.
El decálogo parte, como primer punto, de la exigencia de un ”gran acuerdo social y político”, se propongan planes de acción y protocolos concretos para aplicar la Estrategia Nacional, se fijen plazos para las medidas contempladas en la misma y se contemple una dotación presupuestaria adecuada. En este sentido, otra de las reivindicaciones pasa por el “pleno cumplimiento” de la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, con el restablecimiento “íntegro” de los presupuestos y la transferencia a las comunidades autónomas de la dotación financiera necesaria, “sin recortes”, que en esta materia han alcanzado a nivel nacional el 30% desde 2011.
Junto a ello, el decálogo exige como tercer punto el refuerzo de las medidas de protección a las víctimas, como cuarto la formación permanente de las personas profesionales implicadas en la atención (fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito de la justicia, personal sanitario...) y, como quinto, la revisión de medidas para proteger a las víctimas menores, como la pérdida de custodia para maltratadores. Añade además la necesidad de consolidar la coordinación institucional.
El decálogo contempla además propuestas para poner freno a los recortes y reformas legislativas que “están situando los derechos de las mujeres fuera de la agenda política del Gobierno, aumentando así la desigualdad de género y, como consecuencia más dramática, frenando la lucha contra el terrorismo machista”. Así, las asociaciones de mujeres de Andalucía exigen la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido (séptimo punto), puesto que supone “un retroceso brutal que vulnera derechos esenciales de las mujeres”. El Consejo ha solicitado además un estudio pormenorizado sobre las consecuencias de la Ley de Reforma Laboral, que incide en la pérdida de autonomía de las mujeres y en la feminización de la pobreza, y sobre la reforma de la administración local, que podría eliminar la red de atención municipal, el primer recurso al que acuden las mujeres para pedir ayuda.
Como último punto del Decálogo, el Consejo exige el inicio de un diálogo con las comunidades autónomas sobre la recuperación de la financiación de la Ley de Dependencia que ha facilitado la autonomía de miles de mujeres.