A ello se ha sumado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha recordado que Andalucía propuso ese pacto hace ya un año, con un documento que ha sido elevado al Congreso, y que "sin duda será una buena base sobre la que trabajar y consensuar", ya que contiene medidas básicas como la adaptación normativa al Convenio europeo de Estambul, la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja (agresiones sexuales, trata, etc), la cobertura asistencial a los hijos e hijas como víctimas directas o la asignación presupuestaria constante a la prevención de esta lacra.
La propuesta andaluza, desarrollada a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuenta con el respaldo de los distintos agentes sociales, especialmente el tejido asociativo de mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que aportó en julio de este año más de 500 propuestas al pacto. Previamente, el borrador inicial fue acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de noviembre de 2015 y remitido al Gobierno central y a otras instituciones, asociaciones, sectores y agentes sociales y colegios profesionales, que se han ido sumando a lo largo de los últimos meses.
El texto plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a las hijas e hijos de los maltratadores, la consideración de la violencia de género como terrorismo machista; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; la formación especializada de profesionales que trabajen con víctimas; el impulso de la coeducación en todas las etapas educativas, y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra, entre otras iniciativas.