La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha animado a las empresas andaluzas, así como a las entidades locales y demás organismos públicos, a realizar su propio autodiagnóstico en materia de igualdad, ya que “la autoevaluación y la transparencia es el primer paso para analizar las causas de la brecha salarial de género y avanzar hacia la elaboración de planes de igualdad y medidas eficaces para la eliminarla”. Elena Ruiz ha participado hoy en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en las jornadas 'Iguales y visibles. Encuentro Mujeres, Empleo y Empresas', un foro de debate sobre la brecha salarial y las herramientas más eficaces para erradicarla.
Entre esos instrumentos, Ruiz ha destacado “la importancia de la transparencia en las empresas para sacar a la luz diferencias retributivas por sexo de cara a fomentar la igualdad salarial de hombres y mujeres”, tal y como recomienda la Comisión Europea y recoge la propia reforma de la Ley andaluza de Igualdad de Género, que prevé un plan andaluz específico extraordinario contra la discriminación salarial y la realización periódica de estudios sobre igualdad salarial en las empresas y sectores de Andalucía, entre otras medidas.
La directora del IAM ha explicado que la brecha salarial de género tiene su origen en el modelo patriarcal del mercado laboral, que prioriza a las personas, fundamentalmente hombres, cuyo perfil no corresponde con el cuidado del hogar y de terceros, “presuponiendo que las mujeres tendrán ese rol de cuidadoras”. Ello contribuye, ha añadido, a que “los hombres sigan sin corresponsabilizarse y las mujeres tengan una doble carga de trabajo familiar y laboral, sufriendo la consecuente segregación horizontal y vertical”.
Por ello, la directora ha apostado “como primer paso” por visibilizar la realidad desde las propias empresas, para que “ahonden en las causas de la desigualdad salarial y comiencen a apostar por un modelo empresarial más igualitario”.
Junto a ello, Ruiz ha recordado que la citada reforma de la Ley andaluza de Igualdad de Género prevé dotar al Gobierno andaluz de capacidad sancionadora ante la discriminación de género, al tiempo que garantiza incorporar en las competencias autonómicas de la Inspección de Trabajo una planificación anual de medidas para combatir la discriminación laboral.
