Según ha recordado Ruiz, “las leyes están para hacer respetar los derechos, y si no es suficiente, será necesario modificarlas para que no haya lugar a interpretaciones basadas en la cultura patriarcal, como ha ocurrido con La Manada”. Junto a ello, la directora ha explicado que las decisiones judiciales no son nunca una aplicación mecánica de las leyes, sino que “están sometidas a la interpretación personal, que puede verse influenciada por la cultura eminentemente patriarcal en la que vivimos”, por lo que ha insistido en la necesidad de incluir la formación en materia de género y violencia machista en la carrera judicial, tal y como contemplan las respectivas reformas de las leyes andaluzas de Igualdad y Violencia de Género, en trámite parlamentario.

Elena Ruiz ha advertido de la “importancia” de estar alerta ante las diferentes manifestaciones de la violencia de género, “las trampas del patriarcado en las que se refugia, los huecos por los que se cuela, las nuevas formas que adopta y las necesidades del sistema ante esas nuevas formas y cambios, porque sólo así podrá erradicarse”. Como ejemplo, ha señalado la ciberdelincuencia de género, es decir, la violencia de género ejercida por el agresor a través de las redes sociales, un delito que se da cada vez más en los casos de violencia machista,  dado que “el uso del móvil y de las redes sociales es cada vez más habitual como forma de comunicación en todas las franjas de edad”. 

En este sentido, Ruiz ha recordado que “Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en atender todas las especificidades de la ciberdelincuencia de género”, al poner en marcha un Protocolo de Actuación ante la Ciberdelincuencia de género, dirigido a todo el personal del IAM y a los Centros Municipales de Información a la Mujer, así como a la red de acogida, con el fin de darles todas las pautas necesarias para atender de manera adecuada a las mujeres víctimas, de todas las edades, que presentan síntomas de sufrir o haber sufrido este tipo de violencia de género digital. El protocolo ha ido acompañado de la formación necesaria para que el personal tenga la cualificación adecuada para la detección de la ciberdelincuencia de género.