La reforma del estatuto de Andalucía, que contó con el mayoritario respaldo de la ciudadanía andaluza un 18 de febrero de 2007, incorporó la igualdad como un “principio básico irrenunciable y transversal que ha dado lugar en los últimos años en la comunidad a toda una legislación y estructura administrativa garantista que protege los derechos de las mujeres frente a cualquier ataque contra la justicia de género”. “Nuestro Estatuto se ha convertido para Andalucía en un paraguas protector que puede poner freno a la lluvia de normativas o recortes estatales que, bajo la excusa de la austeridad, atenten contra el principio de igualdad de trato, reconocido también en la Constitución y en las directrices básicas de la Unión Europea”. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate, ha subrayado estas palabras durante la inauguración de las jornadas 'Mujeres parlando', organizadas en colaboración con la Asociación de Mujeres Progresistas (Acilia) para recordar los avances normativos alcanzados desde el primer Estatuto de Autonomía (1980) y la participación de mujeres parlamentarias en dichos logros.
Según ha recordado Oñate, el Estatuto de Autonomía “incluyó desde sus inicios la aspiración de la Junta a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia, un compromiso que se haría realidad en 1989 con la creación del IAM”. Desde entonces, ha explicado, “se fueron dando importantes pasos en materia de igualdad en Andalucía”, tales como la apuesta por la educación mixta, la formación en igualdad, el impulso de la participación de las mujeres en la política o los diversos planes de igualdad y contra la violencia de género”.
Para la directora del IAM, el trabajo conjunto de la Junta, de las parlamentarias y políticas comprometidas y el asociacionismo de mujeres durante esos primeros años “consolidó en Andalucía una conciencia de género que tuvo su reflejo en el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que la igualdad se convierte en un principio transversal en todo su desarrollo”. La prohibición de la discriminación, la garantía de la igualdad, la protección contra la violencia de genero, la coeducación y la perspectiva de género aplicada a todos los presupuestos y las políticas públicas andaluzas son algunas de las menciones expresas del Estatuto autonómico de 2007, según ha incidido Oñate.
La directora del IAM ha recalcado que la nueva carta andaluza permitió poner en marcha “leyes garantistas fundamentales para la mujer, como la Ley andaluza para la Promoción de la Igualdad de Genero y la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección de la Violencia de Genero”, dos normativas autonómicas “que amplían derechos e incluyen un gran número de medidas en ámbitos como la educación, el empleo, la conciliación o la erradicación de la violencia de género”. Asimismo, el Estatuto dio lugar al I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, el primero de carácter transversal para todas las políticas de la Junta, y que luego ha dado un salto cualitativo con el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, al incorporar a dichas políticas las necesidades y demandas transmitidas directamente por la ciudadanía.
“Andalucía ha acumulado un inmenso capital en el terreno de la igualdad”, ha destacado Oñate, quien por ello ha apostado por mantenerlo a salvo de recortes amparados en el contexto socioeconómico.
