Para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión de igualdad, la reforma garantiza el desarrollo de planes de obligatorios en todos los centros docentes y detalla todas las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos.
Junto a ello, las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en Ciencias de la Educación.
La segunda gran novedad de la ley es la incorporación de un régimen sancionador, que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad de género. De este modo, la ley contempla infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de sanciones accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
La reforma legal prevé también la elaboración de un plan especial contra la desigualdad salarial, así como la programación anual, en los planes de actuación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, de medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual.
En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad.
La creación de una carta de derechos de la mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, la elaboración de un plan integral contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, el derecho preferente de las mujeres víctimas de violencia de género en la adjudicación de viviendas protegidas o la creación del Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género son otras de las novedades que introduce la nueva ley.