El 10 de noviembre de 2016 Andalucía eleva al Gobierno central la propuesta andaluza de Pacto de Estado. Y finalmente, el 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados da el primer paso para lograr hacer realidad un Pacto de Estado contra la violencia machista, dando lugar a esta subcomisión, en la que Estela Sánchez ha recordado que la violencia de género es un problema de Estado de primer orden que requiere de soluciones urgentes. En este sentido, ha insistido en que "ninguna crisis, ni ninguna ideología puede ser excusa para dejar desprotegidas a las mujeres ante un problema social de tal magnitud", una "realidad sociológica constante que seguirá existiendo mientras exista el machismo".
La vicepresidenta del CAPM también ha pedido que se incluyan en el Pacto las medidas propuestas desde Andalucía, como la adaptación de la legislación española al Convenio de Estambul, que contempla como delito todas las formas de violencia contra las mujeres: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, la prostitución, la violencia económica, el matrimonio forzado, el acoso -el acoso sexual y el acoso por razón de sexo- el aborto forzado y la esterilización forzada.
Otras medidas son el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas de violencia machista en todos los niveles territoriales; la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja; la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores; la privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de homicidio y/o asesinato; o el cumplimiento íntegro de las penas, entre otras.