“Aquel 1 de octubre de 1931, la diputada Clara Campoamor logró convencer a las Cortes de la importancia de que la mujer votara”. “Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla; respetad su derecho como ser humano”, expuso por entonces a los diputados Clara Campoamor, que logró el sí de las Cortes 161 votos frente a 121.

Desde entonces, destacó hoy la directora del IAM, las mujeres han logrado progresivamente “muchos derechos, como el de tener independencia económica, abrir una cuenta bancaria propia, montar una empresa, estar en las más altas esferas de decisión política, divorciarse, decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad,...”.  Derechos, recordó Ruiz, “por entonces inconcebibles, y en cambio ahora innegociables, en una época en la que la ciudadanía es consciente de la importancia de la igualdad de género”.

Por ello, Soledad Ruiz insistió en la necesidad de que la sociedad “sea consciente de los retrocesos en igualdad que se están dando bajo la excusa de la crisis”. Entre ellos, enumeró recortes estatales como la retirada de ayudas a la dependencia; la falta de cobertura de escuelas infantiles o de comedores; la propia reforma laboral; la reducción y congelación de las partidas presupuestarias para igualdad y para la prevención de la violencia de género; la supresión de la gratuidad de algunos diagnósticos; la eliminación de los tratamientos públicos de fertilidad para mujeres solteras y familias homoparentales; la imposición de las tasas judiciales; la posible desaparición de servicios municipales de igualdad con la reforma local o el avance hacia la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en contra de las propias recomendaciones de la OMS, la UE y de la ONU. Se trata, recordó, de cambios que suponen la pérdida de derechos, cuya recuperación “precisará ya de 25 años más de esfuerzo”.

En este sentido, la directora del IAM subrayó que la Junta de Andalucía se ha marcado como prioridad “defender de manera transversal las políticas de igualdad”, tal y como se refleja en los compromisos adquiridos con la ciudadanía en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, tales como el mantenimiento de la aplicación de la Ley de Dependencia; el reconocimiento de la contribución del trabajo doméstico no remunerado a la economía productiva; el incremento de la participación de las mujeres en los programas y planes de empleo; el fomento de la responsabilidad social de las empresas y la negociación colectiva como instrumentos impulsores de la igualdad; la promoción de un modelo de relaciones laborales de calidad; el análisis de la idoneidad de cambios en la organización del trabajo y en  horarios laborales; o el fomento de la coeducación, entre otros.