La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha formado a un total de 1.225 profesionales en la atención y prevención de la violencia de género durante el primer semestre del año. En concreto, estas formaciones han estado dirigidas tanto a profesionales especializados de los centros provinciales y municipales de la mujer, como de otros ámbitos, como el judicial, educativo o sanitario. Asimismo, a través de estos cursos se han abordado las diferentes manifestaciones de la violencia que sufren las mujeres, como la violencia vicaria, la violencia en el ámbito de la pareja o en las chicas más jóvenes.
 
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado como “clave” la formación continua “tanto del personal técnico especializado como de profesionales que trabajan en diferentes sectores, pero que tienen contacto directo con mujeres que pueden ser víctimas de violencia de género”. A este respecto, ha destacado “la importancia de avanzar en la prevención y detección precoz de este tipo de casos, especialmente en la población más joven”.
 
López ha incidido en la importancia de que “el entorno de las mujeres que sufren violencia, como el profesorado, personal sanitario, de los servicios sociales o de recursos humanos, sepa detectar las primeras señales y contactar con los servicios especializados”. En este sentido, ha recordado que el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con múltiples programas y servicios para ofrecer “la atención adecuada y personalizada a cada mujer víctima y sus hijas e hijos”. “El objetivo es crear una amplia red de apoyo para poder llegar al mayor número posible de víctimas”, ha apuntado.
 
Por ello, las formaciones impulsadas en este primer semestre han abordado diferentes manifestaciones de la violencia y a diversos profesionales. La primera actuación formativa se celebró a principios de mayo y abordó la violencia de género en las mujeres menores de edad a través de dos sesiones de trabajo, una dirigida al personal de los centros provinciales y municipales de la mujer, y otra a profesionales de los ámbitos jurídico, sanitario, psicológico, trabajo social y las fuerzas de seguridad. Estos cursos han contado con la participación de 236 personas.
 
En ambas formaciones online se analizó la detección y primera acogida de menores víctimas de violencia de género, el acompañamiento a las chicas y sus familias, además de la coordinación y la gestión del riesgo de forma conjunta. En concreto, las profesionales del Programa de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género en Andalucía del Instituto Andaluz de la Mujer explicaron conceptos generales, las características especiales de la violencia machista entre jóvenes, facilitaron a las personas asistentes estrategias y herramientas para la detección de la violencia de género en la juventud y también abordaron la importancia de la primera acogida y la derivación a los servicios especializados, como los Centros Provinciales de la Mujer y los Centros Municipales de Información a la Mujer.
 
Diversas formas de violencia

También en mayo se desarrollaron dos nuevas formaciones sobre la violencia de género en el ámbito de la pareja y su intervención a través de la atención psicológica grupal. En esta ocasión, los cursos estaban dirigidos al personal de los centros de la mujer, tanto en las capitales como en los municipios, con el propósito de profundizar en el conocimiento del recurso de la atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia, conocer las herramientas e indicadores utilizados por el equipo profesional que lleva a cabo este servicio y mejorar la coordinación. En esta formación, de 15 horas cada una, han asistido 180 personas.
 
La atención grupal se realiza tanto en los centros provinciales como municipales de la mujer con la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer. Precisamente, en este programa se ha creado un servicio específico para mujeres de 18 a 25 años para especializar la atención que reciben estas mujeres más jóvenes.
 
Finalmente, el pasado mes de junio se organizaron otras dos formaciones para reforzar la detección de la violencia vicaria y la atención a las víctimas y sus familias. El curso ‘Garantías legales y responsabilidad profesional ante la protección y atención a menores víctimas de la violencia de género y violencia vicaria’, que ha contado con la participación de 330 personas, ha buscado dar a conocer el Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y su protocolo de derivación y actuación.
 
En esta formación online también se ha informado sobre los avances legales en materia de protección y atención a menores víctimas de violencia de género y violencia vicaria; se ha facilitado la adquisición de los conocimientos jurídicos básicos necesarios para la derivación de mujeres víctimas y sus hijas e hijos al servicio de atención psicológica especializada y, finamente, se ha fomentado que el personal de los centros provinciales y municipales de la mujer pueda aplicar de forma práctica los conocimientos aprendidos en esta formación en su quehacer profesional.
 
Mientras tanto, el curso ‘Control de daños y coordinación interdisciplinar como elementos claves en la atención integral a personas afectadas por casos graves de violencia de género o violencia vicaria’ ha sido el más numeroso y han asistido 480 profesionales con el propósito de conocer el Servicio de apoyo en crisis a familiares de mujeres víctimas de violencia de género con resultado de muerte y a madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados (violencia vicaria). Esta formación ha fomentado la mejora de la respuesta que se ofrece a las víctimas supervivientes, familiares y personas del entorno ante las graves agresiones en casos de violencia de género, además de establecer cauces de coordinación y trabajo multidisciplinar entre profesionales de diversos campos y distintos recursos que pueden verse implicados en estos contextos.
En ambas formaciones han asistido personal especializado y profesionales pertenecientes a las fuerzas de seguridad, dispositivos de emergencia, ámbito sanitario, educativo, judicial o forense, de servicios sociales o de protección de menores.