“En el medio rural andaluz viven 1,85 millones de mujeres”, ha explicado Sánchez Rubio, quien ha añadido que, según la EPA (II trimestre 2018), la población ocupada en el sector agrario es mayoritariamente masculina (71,9%), por lo que ha incidido en la “necesidad de las medidas contempladas en la nueva ley”.
Entre ellas, la nueva normativa prevé la realización de campañas de información y asesoramiento para potenciar la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias y la incorporación de las mujeres a la actividad económica y empresarial del medio rural; los cursos de formación para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres en el sector o el fomento de la participación de mujeres en los órganos de toma de decisiones de los sectores agrario, agroalimentario y pesquero, entre otras.
Junto a ello, la ley hace alusión al Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera, que ya está vigente, y que 2020 para reforzar el papel que la población femenina desempeña en la revitalización y diversificación económica del medio rural. La nueva estrategia fomentará la profesionalización del trabajo, el apoyo a la iniciativa empresarial y la mejora del reconocimiento social de las mujeres, especialmente las más jóvenes, con el objetivo de revitalizar económica y socialmente la zona rural.
El Gobierno andaluz ha reforzado también su apuesta por el mantenimiento de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIMs), consciente del “importante papel” que juegan como primera ventana de atención pública a las mujeres en las zonas rurales. De hecho, esta red atiende a una media de más de 100.000 mujeres cada año, 8.000 de ellas en la provincia de Málaga. Por ello, la Junta ha aumentado este año un 37% la inversión en los CMIMs, con 8,5 millones de euros, incremento que ha permitido la puesta en marcha de un nuevo servicio de detección psicológica precoz de la violencia de género en las zonas rurales, en cumplimiento del compromiso adquirido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que apostaba por reforzar la red de centros municipales.