Es un conjunto de datos vinculados a una persona que lo identifican y le sirve para realizar gestiones desde su propio ordenador a través de Internet, entre ellas la firma digital. La veracidad de esos datos la garantiza una autoridad certificadora que es quien expide el certificado digital.

La firma digital es una herramienta técnico jurídica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos gocen de las mismas características que la firma manuscrita, al mismo tiempo que asegura la confidencialidad y la imposibilidad de repudio.

Una autoridad certificadora es un prestador de servicios que puede proporcionar certificados digitales, conforme a los requisitos establecidos en la normativa reguladora. Estas autoridades pueden ser publicas o privadas, entre ellas se encuentra la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre ( FNMT ) , pero no es la única.

LaLey 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en su artículo 6 establece el concepto de certificado electrónico y de firmante de la siguiente manera:

1. Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

2. El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

El Capítulo II de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, se dedica a las formas de identificación y autenticación, tanto de ciudadanos y profesionales como de la propia Administración de Justicia. Respecto a los primeros, se contempla la posibilidad de uso de diversos sistemas de firma electrónica además del incorporado al Documento Nacional de Identidad (eDNI). En cuanto a los órganos y oficinas judiciales, se establece la obligatoriedad de que la Administración competente facilite a los mismos los sistemas de firma electrónica consistentes en sello electrónico y código seguro de verificación.

El artículo 8 de la Ley 18/2011, regula el uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos indicando que “los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de Gobierno.”

Asimismo el artículo 21.2 de esta misma ley establece que las Administraciones, en el ámbito de sus competencias, proveerán a Letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo y el cargo e identificar también a la oficina u órgano judicial en la que presta sus servicios.

Tal y como establece la normativa, es necesario identificarse digitalmente para poder actuar en los sistemas que actualmente se están usando en la Administración de Justicia en Andalucía; para ello se puede usar cualquier certificado digital reconocido, entre ellos el eDNI o los certificados digitales expedidos por la FNMT.

La Junta de Andalucía firmó con la FNMT un convenio para dotar de firma digital a todos los andaluces de forma gratuita y, de esta forma, potenciar su uso y habilitar los trámites telemáticos con la administración. Tanto la infraestructura para la dotación, como el coste de la tramitación de los certificados está siendo sufragada por la propia Junta de Andalucía. En concreto, la Consejería está proporcionando el certificado de persona física de la FNMT.

Es cierto, que la FNMT dispone de certificados para personal al servicio de las Administraciones Públicas; no obstante, actualmente no están disponibles para los empleados públicos de la Junta de Andalucía por decisión de la Dirección General de Política Digital.

Desde la Consejería, considerando que dichos certificados son completamente válidos para realizar trámites internos, dentro de las diferentes administraciones, o externos, con otras administraciones, se aprovechó dicha infraestructura del despliegue de certificados para dotar a cada uno de los usuarios de la Administración de Justicia que no tuvieran mecanismos de firma digital, de los mismos. Actualmente se ha dotado de más de 4.000 certificados, con los que se están realizando trámites (notificaciones a través de Lexnet, solicitudes de informes e informes en materia de drogadicción, solicitud de préstamos al archivo y transferencias, etc.) sin ningún problema.

A nivel de protección de datos, el uso del certificado digital es similar a la información que ya está declarada en la Agencia. El uso de certificado para acceder a sistemas o para firmar no altera la información recogida en los sistemas, ya que el Nombre, Dni y cargo del personal de justicia ya está declarado en el sistema de gestión procesal. A través de dicho certificado se puede acceder a los sistemas y se comprueba la persona identificada con la base de datos que ya existe de cargos.

Aunque el certificado digital se puede usar para múltiples trámites, no existe riegos ninguno ni en temas relacionados con la protección de datos ni otros temas de seguridad.

Además, la Consejería proporciona el certificado digital en una tarjeta criptográfica, la cual requiere un pin para su uso, siendo un dispositivo criptográfico seguro.