El presupuesto de Justicia e Interior para el próximo año asciende a 526,8 millones de euros y permitirá garantizar la prestación del servicio público de Justicia y las políticas sociales y de igualdad en este ámbito, según ha destacado hoy el consejero Emilio de Llera en la presentación de las cuentas de su departamento en el Parlamento andaluz.
De Llera ha puesto de relieve que estos presupuestos aseguran la prestación de un servicio público de justicia en condiciones de eficacia, eficiencia e igualdad, al tiempo que permitirán seguir impulsando las políticas sociales que son competencia de la Consejería como la atención a las víctimas de violencia de género, la reinserción de menores infractores, la asistencia jurídica gratuita o la coordinación de las políticas de apoyo a la población inmigración.
Pese a las restricciones presupuestarias que tienen su origen en decisiones del Gobierno del Estado y con el ajuste global en el gasto en 1.220 millones de euros en el conjunto de los presupuestos, el consejero ha resaltado el esfuerzo y el compromiso de su departamento por blindar las partidas más sociales para preservar los servicios y los derechos de los colectivos más vulnerables y afectados por la actual crisis.
En este sentido, ha puesto como ejemplo las partidas destinadas a Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, que se incrementan un 1,7% con una cuantía global que alcanza los 4 millones de euros, lo que refleja el compromiso de la Junta en la lucha contra este grave problema social. El objetivo de estas partidas es, a su juicio, reforzar las medidas de prevención y protección integral de las víctimas y aquellas destinadas a la coordinación en el ámbito jurídico y de seguridad de todas las actuaciones en esta materia.
El consejero se referido también a las cuentas que sostienen recursos de gran valor en la atención a las víctimas, como los Puntos de Encuentro Familiar, que garantizan la protección de los menores de parejas en conflicto, y los Servicios de Atención a las Víctimas en Andalucía (SAVA), que prestan asistencia integral, de calidad y gratuita a las personas que hayan sido sufrido algún delito o falta.
En materia de Justicia, la dotación presupuestaria alcanza los 390,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 3% inferior a la disminución del presupuesto general de la Junta. El consejero ha señalado que este dato indica que el servicio público de Justicia incrementa su importancia entre las políticas del Gobierno andaluz, en consonancia con la priorización de las políticas de sociales y de igualdad, entre las que se encuentra el acceso a este servicio público esencial para la ciudadanía.
La Justicia Juvenil y la Justicia gratuita, prioridades
En Justicia Juvenil, “el presupuesto va a seguir mejorando la calidad de un sistema de justicia juvenil basado en la cultura de la reinserción de los menores infractores, un esfuerzo presupuestario que merece la pena”, según el consejero. En este sentido y con un presupuesto de 77,4 millones, se van a mantener todos los centros y servicios de Justicia Juvenil destinados a la ejecución de las medidas judiciales, tanto privativas de libertad como de medio abierto.
Por otro lado, De Llera sostiene que el servicio de asistencia jurídica gratuita está relacionado con el derecho esencial a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad. Por ello, ha considerado fundamental el mantenimiento de este servicio en la difícil coyuntura económica actual y ha cifrado en 38,4 millones los fondos destinados a esta asistencia, una cuantía que ha estimado suficiente para garantizar su prestación. Esta partida recoge los efectos de la plena efectividad de las medidas de ahorro ya iniciadas en 2013 con respecto a los módulos en la retribución y gastos de este servicio, junto a la previsión de la bajada de litigiosidad estimada por el Gobierno Central por la implantación de las tasas judiciales y cuyos efectos ya se están notando.
Asimismo, ha valorado el esfuerzo que viene realizando su departamento para garantizar este servicio abonando casi 35 millones de euros este año, lo que ha permitido saldar los pagos pendientes de años anteriores y empezar a sufragar los primeros servicios prestados y certificados de este ejercicio.
Para mejorar el sostenimiento económico de la justicia gratuita, el consejero ha solicitado al Ministerio de Justicia que defina con claridad su propuesta de financiación de este servicio a través de las tasas judiciales, toda vez que lo recaudado por dichas tasas se anunció que se destinará a sufragar los gastos generados por los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.
El consejero ha indicado, por otro lado, que el presupuesto contempla, como así lo planteaba una proposición no de ley aprobada por el Parlamento, una partida para financiar el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, una vez se reanude el preceptivo y necesario convenio con el Ministerio de Interior para su prestación.
Impulso de la nueva Oficina Judicial y Fiscal
De Llera ha anunciado la implantación el próximo año de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, una vez aprobado el Decreto regulador de esta nueva organización y estructura que, en una primera fase, se desarrollará en los partidos judiciales de El Ejido y Vélez Málaga y en la Fiscalía de Sevilla. Paralelamente, se prevé la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes para el impulso de este nuevo modelo y se llevarán a cabo los procedimientos de acoplamiento del personal.
El titular de Justicia e Interior ha avanzado también que se continuará con la mejora de las infraestructuras judiciales, teniendo en cuenta el complejo marco presupuestario y financiero actual. El capítulo de inversiones asciende a 11,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,5%. De este modo, se proseguirá impulsando la construcción de grandes infraestructuras judiciales, adaptando su desarrollo al ritmo que permitan las dotaciones presupuestarias o los mercados financieros para aquellas actuaciones previstas mediante colaboración público-privada.
El consejero ha apostado igualmente por la modernización de la Justicia a través del desarrollo de las nuevas tecnologías, aspecto en el que se ha referido al nuevo convenio con sociedad pública estatal RED.es, que permtirá una inversión adicional de 7,5 millones procedentes de fondos europeos para la mejora de los sistemas informáticos. Asimismo, se seguirán con la integración de los sistema de gestión procesal y la implantación del sistema de notificaciones telemáticas, Lexnet, en la jurisdicción penal y en las Audiencias Provinciales, además del impulso de mejoras en gestión de los archivos judiciales y la eliminación de la documentación judicial antigua y sin valor para liberar espacios en los juzgados y tribunales.
En su comparecencia parlamentaria, ha planteado la necesidad de apostar por fórmulas alternativas a la Justicia en la resolución de los conflictos mediante el fomento de la mediación y el arbitraje y ha abogado por promover y fomentar la cultura de la mediación a través de la Fundación Mediara.
Con respecto a la coordinación de políticas migratorias, el presupuesto de la Junta mantiene para 2014 las asignaciones destinadas a las políticas sociales, educación, sanidad y dependencia, de las cuales son principales beneficiarios las personas con menores oportunidades o en riesgo de exclusión, entre los que se encuentran los inmigrantes. Son las tareas de coordinación que se realizan desde la Consejería de Justicia e Interior las que realizan un mayor esfuerzo presupuestario, manteniendo en lo posible sus líneas de actuación con unos fondos que ascienden a 4,3 millones
Mejora en la gestión de emergencias
En cuanto a las partidas destinadas a las competencias de Interior, Emergencias y Protección Civil, estos fondos ascienden a 39,9 millones de euros y tendrán como objetivo el impulso del modelo integral en la gestión de las emergencias, la formación de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, la coordinación de los Cuerpos de Policía Local, así como las actuaciones en materia de Espectáculos Públicos y Animales de Compañía.
Las principales actuaciones girarán en torno a la mejora continua del servicio de Emergencias 112 Andalucía como un recurso de referencia en la atención y coordinación de cualquier incidencia, destacando la finalización y puesta en funcionamiento de la nueva plataforma tecnológica de gestión que se extenderá tanto a los centros regionales como a los 8 provinciales y a los cerca de 150 terminales integrados en la red del 112. Además, se seguirá trabajando en el fomento de los Planes de Emergencias Municipales y en el plan formativo de Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, así como en la futura modificación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales.
