El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha mantenido una hoy una reunión con el decano del Colegio de Procuradores de Málaga, Francisco Bernal, y miembros de la Junta de Gobierno, para analizar los problemas de la Administración de Justicia en la provincia.
El delegado del Gobierno los representantes del Colegio de Procuradores ha apostado por la interlocución y el diálogo permanente para abordar las propuestas y solucions que permitan avanzar en la mejora de la Justicia en Málaga, especialemente en aquellos asuntos en los que la Administración autonómica sea competente y afecten a ambas instituciones.
Según Ruiz Espejo, “hay una preocupación compartida respecto a algunos proyectos e iniciativas del Gobierno del Estado sobre la la prestación del servicio público de Justicia como, por ejemplo, la imposición de las tasas judiciales que la Junta ha recurrido por su inconstitucionalidad al vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva”.
En este sentido, el delegado ha trasladado al Colegio de Procuradores un informe en el que se recogen datos que evidencian, sobre todo en la jurisdiccón Contencioso-administrativa, una reducción de más del 35 por ciento en juicios y recursos. En este sentido, el delegado ha señalado que “está claro que esta Ley está teniendo claros efectos disuasorios y está dificultando el acceso de las personas a la Justicia y la defensa de sus derechos”.
Por otro lado, Ruiz Espejo también ha advertido de las consecuencias negativas de la propuesta del Gobierno central para modificar la actual Ley de Planta y Demarcación Judicial, se dificultará más aún el acceso a la Justicia y alejará este servicio de la ciudadanía.
“La última propuesta que conocemos –ha dicho- es que el Ministerio quiere hacer desaparecer todos los partidos judiciales en Málaga y esto supondría una grave separación entre la ciudadanía y la Administración de Justicia”.
Por su parte, el decano de los procuradores ha mostrado al delegado la preocupación de los colegiados por la entrada en vigor de la Ley de Servicios Profesionales que, a su juicio, supone un grave perjuicio para estos profesioanales al limitar el trabajo que pueden realizar e introducir condiciones de precariedad en su labor.
