CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

Inicio >> Noticias

NOTICIAS

Junta y procuradores almerienses apuestan por el diálogo y la colaboración para mejorar la Administración de Justicia (19/11/2013)

La delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer, ha mantenido una reunión con la decana del Colegio de Procuradores de Almería, María del Mar Gázquez, y representantes de la Junta de Gobierno, para analizar la situación de la Administración de Justicia en la provincia.

Sonia Ferrer y los representantes del Colegio de Procuradores han apostado por la interlocución y la colaboración para abordar las propuestas y soluciones que permitan avanzar en la mejora de la Justicia en Almería, especialmente en aquellos asuntos en los que la Administración autonómica sea competente y afecten a ambas instituciones.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto la preocupación compartida respecto a algunos proyectos e iniciativas del Gobierno del Estado sobre la la prestación del servicio público de Justicia. Es el caso de la imposición de las tasas judiciales que la Junta ha recurrido por su inconstitucionalidad al vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva. En este sentido, Ferrer ha señalado que ‘es evidente que esta Ley está teniendo claros efectos disuasorios y dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia y la defensa de sus derechos’.

Por otro lado, la delegada del Gobierno de la Junta también ha advertido del impacto negativo de la iniciativa del Gobierno central para modificar la actual Ley de Planta y Demarcación Judicial, ‘porque complicará aún más el acceso a la Justicia y alejará este servicio de la ciudadanía’. Sonia Ferrer ha criticado la última propuesta del Ministerio que implica la eliminación de todos los partidos judiciales en la provincia de Almería porque ‘supondría una grave separación entre la ciudadanía y la Administración de Justicia’.

Por su parte, la decana de los procuradores ha mostrado a la delegada del Gobierno de la Junta la preocupación de los colegiados por la entrada en vigor de la Ley de Servicios Profesionales que, a su juicio, supone un grave perjuicio para estos profesioanales al limitar el trabajo que pueden realizar e introducir condiciones de precariedad en su labor.