La Consejería de Justicia e Interior, como órgano competente de la coordinación de las políticas migratorias en Andalucía, es responsable de la planificación de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía al respecto y la evaluación permanente de sus resultados. Para ello, desde el año 2001 la Junta de Andalucía ha aprobado diversos Planes Integrales para la Inmigración. Concretamente, el I Plan Integral abarcó el período comprendido entre el año 2001 y 2004, y el II Plan, entre el año 2006 y el 2009. Dichos Planes sirven para coordinar la acción de los más de veinte centros directivos de la Administración Andaluza que ejecutan políticas públicas relacionadas con la inmigración. Tal y como el artículo 2 ter de la Ley Orgánica 2/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades en España y su integración social indica, así como los Principios Básicos Comunes para las políticas de integración de inmigrantes en la Unión Europea, la integración de las personas inmigrantes en la sociedad debe ser un objetivo transversal a todos los servicios y políticas públicas desarrolladas por las administraciones. De ahí que los distintos Planes Integrales hayan ofrecido unos principios rectores y objetivos generales que han sido tenidos en cuenta por los distintos centros directivos en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas públicas e intervenciones.
El II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2006-2009) vino a responder a los importantes cambios que acaecidos en Andalucía en relación con el hecho migratorio. El Plan tuvo como objetivos favorecer la integración social, laboral y personal de los inmigrantes, como sujetos de derechos y deberes en el seno de la sociedad andaluza, así como asegurar el acceso de este colectivo, en condiciones de igualdad, a los servicios básicos comunes al conjunto de la población, como la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica. Dicho Plan respondió a las necesidades de integración, tanto de las personas inmigrantes que llegaban a nuestro territorio, como de las personas autóctonas. La inmigración pasaba a convertirse en una realidad estructural de nuestra sociedad, y como tal, había que responder a la misma.
El I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2001-2004), creado por Decreto 1/2002, de 9 de enero, se fundamenta en las diversas competencias que la Junta de Andalucía tiene atribuidas por mandato constitucional y estatutario en relación con las prestaciones de los servicios básicos a los ciudadanos, constituyendo la población inmigrante uno de los sectores con especiales dificultades para el acceso a dichas prestaciones.
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