Dentro de la ordenación jurídica en materia de ruidos, se han dictado un conjunto de normas  que establecen las competencias y parcelas de actuación para cada una de las administraciones públicas.

En este sentido, y conforme a la Ley 7/2007, corresponde a la Consejería:

• La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones publicas o privadas, sometidas a Autorización Ambiental Integrada o Autorización Ambiental Unificada.
• La coordinación necesaria en la elaboración de mapas de ruido y planes de acción cuando estos afectan al ámbito supramunicipal, así como su información en el plazo máximo de dos meses.
• La propuesta al Consejo de Gobierno del establecimiento de condiciones acústicas particulares.

Además, en aplicación de la Orden 29 de junio de 2004, por la que se regula la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de contaminación acústica, esta podrá actuar con carácter subsidiario, en materia de inspección e incoación de expedientes sancionadores ante posibles inactividades de los Ayuntamientos o bien por petición de los mismos en caso de inspección.

Por otra parte, corresponde a la Administración Local:

• La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones.
• La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones, publicas o privadas no sometidas a Autorización Ambiental Integradas o Autorización Ambiental Unificada.
• La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y de los planes de acción en aglomeraciones y núcleos urbanos.
• La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y declaración de zonas acústicamente saturadas.