Sistemas Colectivos de gestión

Los productores, en este caso, deberán constituir una entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, garantizando el acceso de todos los productores en función de criterios objetivos. Para este supuesto, el sistema de autorización con la participación de la Comisión de coordinación en materia de residuos, garantiza la actuación homogénea en todo el territorio nacional de los sistemas colectivos.

Los sistemas colectivos de gestión deberán solicitar una autorización previa al inicio de su actividad, presentarla ante el órgano competente en materia de residuos de la Comunidad Autónoma y remitirla a la Comisión de coordinación de residuos para informe previo a la resolución que dicta el órgano competente, quien concederá la autorización. Dicha autorización, en caso de que será válida, surtirá efecto en todo el territorio nacional y se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos. El plazo máximo de tramitación es de seis meses prorrogables por una sola vez, por tiempo limitado y antes de expirar el plazo original.

En cada Comunidad Autónoma existen o pueden existir sistemas colectivos autorizados que se rigen de acuerdo a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, referente a un régimen transitorio de las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, en el plazo de un año desde esa fecha.

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, pone de manifiesto en su art. 15 que las operaciones llevadas a cabo por agentes económicos proporcionarán a la Comunidad Autónoma la información necesaria para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclado y valorización que deberán cumplirse en el ámbito temporal que determina dicha Ley.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, regula que todas las personas, físicas o jurídicas, nacionales de uno de los Estados que integran el Espacio Económico Europeo o que tengan su domicilio en uno de ellos, tienen derecho a acceder a la informaci6n ambiental que está en poder de las Administraciones publicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado y con garantía, en todo caso, de confidencialidad sobre su identidad. El mismo derecho se reconoce a las personas no comprendidas en el párrafo anterior, siempre que sean nacionales de Estados que, a su vez, otorguen a los españoles derecho a acceder a la informaci6n ambiental que posean.

El DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, recoge en su artículo 72 la regulación aplicable ante la celebración de convenios marco de colaboración entre los sistemas de gestión y las personas o entidades distribuidoras o comercializadoras de productos con la Consejería competente en materia de medio ambiente, así como con las organizaciones representantes de los gobiernos locales cuando intervengan en la regulación y organización de la gestión de los residuos, cuya finalidad es la de garantizar la consecución de los objetivos establecidos en las cláusulas contenidas en el convenio firmado por parte de todos los operadores que intervienen en el mismo, así como la igualdad de condiciones de operación en todo el territorio autonómico.

Cada parte a su vez aporta los medios necesarios para desarrollo de la actividad acordada y, los productores que opten por un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, deberán constituir una entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, garantizando el acceso de todos los productores en función de criterios objetivos. Este sistema colectivo de responsabilidad ampliada podrá dar cumplimiento a sus obligaciones por sí mismo, o podrá constituir o contratar una entidad administradora que deberá tener personalidad jurídica propia y diferenciada del sistema colectivo y que actuará bajo la dirección de éste. En el cumplimiento de esta responsabilidad se respetarán los principios de publicidad, concurrencia e igualdad con el fin de garantizar la libre competencia, así como los principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del medio ambiente y la jerarquía de residuos.