Normativa nacional y autonómica de carácter estratégico con mayor relevancia relacionada con la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética y las energías renovables en Andalucía.
Esta ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París de 2015; facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.
En el mes de enero de 2020 se declaró oficialmente la emergencia climática en España para hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático, respaldado por la convencimiento mayoritario de la comunidad científica e internacional, que demandan una actuación urgente para proteger el medio ambiente y conseguir cuanto antes los objetivos de neutralidad climática. Esta declaración se articula en cinco líneas de acción:
- Ley de cambio climático y transición energética.
- Descarbonización.
- Plan nacional de adaptación.
- Asamblea ciudadana del cambio climático.
- Transformación productiva.
Más información: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y CLIMA
En febrero de 2020 se presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, dirigido a la modernización de la economía en dirección a un modelo sostenible y competitivo enfocado a frenar el cambio climático. Estos instrumentos se conciben con la finalidad de dar solidez y estabilidad a la carbonización de la economía española. En el ámbito de la planificación propone, además de la ya aprobada Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, existen dos instrumentos aún en elaboración:
- El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): ha sido elaborado para dar cumplimiento a las obligaciones recogidas en el Reglamento (UE) 2018/199921. El plan identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la descarbonización, incluidas las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía y la investigación, innovación y competitividad. El Plan emite, asimismo, las señales necesarias para proporcionar certidumbre y sentido de dirección a todos los actores implicados. Su objetivo es avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad en carbono de la economía en el horizonte 2050
- La Estrategia de Transición Justa: alineada con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética para asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición para que nadie se quede atrás.
Mas información: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
Incorpora en el ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/87/CE, regulando la participación de España en el Régimen del Comercio de Derechos de Emisión.
Simplifica las modalidades de autoconsumo y los trámites administrativos y de registro, establece los sistemas de compensación para las personas autoconsumidoras que vierten excedentes a la red, tanto para los pequeños con una compensación de la energía en sus facturas (compensación simplificada) como para aquellos que prefieran participar en la venta de esa electricidad.
Permite una mejora de las capacidades de agregación para compartir la energía generada en una colectividad de autoconsumo (define el concepto de ‘instalación próxima’ y regula cómo se puede llevar a cabo el autoconsumo colectivo), confirma la eliminación del cargo a la energía autoconsumida para el autoconsumo con renovables y cogeneraciones, y facilita la instalación de elementos de acumulación sin exigencias adicionales
Regula la comercialización y manipulación de dichos gases y de los equipos basados en los mismos, así como los requisitos técnicos de las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.
Regula las condiciones básicas que garantizan un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes.
Su adopción vino a dar continuidad y consolidar al máximo nivel normativo una prolongada línea de actuación del gobierno de Andalucía que se inició en 2002 con la Estrategia Andaluza de Cambio Climático. En desarrollo de dicha estrategia fueron aprobados sucesivamente el PAAC y su Programa de Mitigación 2007-2012, el Programa de Adaptación al Cambio Climático (2010) y el Programa de Comunicación en materia de Cambio Climático (2012).
La Ley 8/2018 tiene por objetivos implícitos asegurar la solidaridad andaluza en términos de equidad respecto de los esfuerzos nacionales, europeos e internacionales en materia de mitigación, así como minimizar la incidencia de los efectos adversos asociados al cambio climático sobre la sociedad andaluza, las actividades y activos económicos y el medio natural. Asociada al objetivo de mitigación y alineada con los antecedentes en política energética en Andalucía, la Ley 8/2018 también incluye una vertiente de transición hacia un modelo energético en la región basado en la descarbonización de la economía y la eficiencia energética.
Para la consecución de estos fines sustantivos la Ley 8/2018 establece unos objetivos instrumentales que se resumen en la transversalización del cambio climático en el diseño y ejecución de todas las políticas públicas en Andalucía, la implicación y acción corresponsable de todos los actores económicos, sociales e institucionales, y el recurso al conocimiento y la innovación a la hora de la definición de las estrategias y medios de intervención.
Las disposiciones de la Ley 8/2018 son de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los sectores y actividades de cualquier naturaleza que den lugar a emisiones difusas. En particular, a aquellos sobre los que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, Andalucía haya asumido competencias, sin que pueda extender sus efectos a los sectores y la actividad desarrollada por los órganos y entidades de la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando ejerce sus competencias exclusivas en virtud de un título más específico.
De acuerdo con la ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático, se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático como órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación y colaboración en materia de cambio climático.
En este órgano están representadas todas las Consejerías competentes en las materias correspondientes a las áreas estratégicas para la mitigación de emisiones y para la adaptación, a través de personas titulares de órganos directivos con rango al menos de viceconsejería, o en su caso, de secretaría general.
Su composición y funcionamiento se regulan mediante decreto del Consejo de Gobierno, Decreto 44/2020, de 2 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Andaluz del Clima, cuya finalidad principal es facilitar la participación de la sociedad en el diseño y el seguimiento de políticas en materia de cambio climático. El Gobierno andaluz espera que la puesta en marcha de este organismo contribuya a la eficiencia del uso de los recursos recursos públicos al configurarse, con su entrada en vigor, un marco que favorecerá la implicación de la ciudadanía, que ha podido participar ya en la elaboración de la norma a través de los períodos de consulta previa, audiencia e información pública durante los cuales se ha recabado la opinión de los principales actores implicados. La nueva norma cuenta también con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de octubre de 2021 y publicado mediante el Decreto 234/2021, de 13 de octubre, en el BOJA número 87 de 23 de octubre de 2021, es el instrumento general de planificación estratégica en Andalucía para la lucha contra el cambio climático, y se deriva de la Ley 8/2018 de cambio climático de Andalucía.
Su misión es integrar el cambio climático en la planificación regional y local, para a la vez alinearlas con los planes del gobierno de España, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.