Información general
Autoría: Ginés de Rus
Publica: FEDEA y Banco Interamericano de Desarrollo
Fecha: 16 de junio 2025
Las políticas públicas deberían ser sometidas a evaluación económica antes de su aprobación. El valor social de las mismas se deriva de su efecto sobre el bienestar de los individuos que integran la sociedad. Esta observación ofrece un punto común de partida para la evaluación de políticas muy diversas, incluyendo la implementación de nuevas regulaciones medioambientales, los grandes proyectos de inversión en infraestructuras económicas y sociales o las políticas educativas, entre muchas otras. Todas ellas han de evaluarse a partir de la identificación y cuantificación de sus beneficios y costes sociales esperados.
El trabajo puede verse como una breve guía de buenas prácticas que pueda ser de utilidad para el personal de las agencias de evaluación que ahora se pretende potenciar.
El momento es oportuno porque, tanto en España como en Iberoamérica, parece existir un creciente consenso sobre la necesidad de mejorar los procesos de evaluación ex ante y ex post de las políticas públicas con el fin de asegurar un uso eficiente de los escasos recursos disponibles, un diseño adecuado de las intervenciones públicas y su gradual mejora.
En España, tanto la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, como el proyecto de Ley de movilidad sostenible establecen la obligatoriedad de la evaluación económica en la Administración, pero la lectura de ambos documentos induce a pensar que lo que el legislador entiende por evaluación se aleja peligrosamente de lo que requiere la teoría económica y de las mejores prácticas internacionales. No está de más, por tanto, recordar los elementos esenciales de la metodología de evaluación generalmente aceptada en la literatura científica internacional.