Más de 250.000 empleados públicos se benefician del restablecimiento de las 35 horas en Andalucía
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado al Consejo de Gobierno sobre la repercusión del recurso de inconstitucionalidad autorizado por el Gobierno de España contra la jornada laboral de 35 horas restituida en Andalucía desde el pasado mes de enero. La consejera ha lamentado que el Ejecutivo central haya apurado el plazo para formalizar la impugnación, nueve meses después de publicarse el decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con el consiguiente perjuicio para los más de 250.000 empleados públicos que ya se están beneficiando de la medida.
Según Montero, la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, implantada en Andalucía desde 1999, “es una medida de justicia para los empleados que sufrieron importantes recortes en sus derechos con motivo de la crisis”. Además se trata de una propuesta eficiente desde el punto de vista económico que ha permitido la realización de nuevos contratos en el sector público, con una previsión mínima de creación de 7.000 empleos. Por ello, la Junta reclama al Gobierno central que no solicite la suspensión cautelar y espere al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, para evitar alterar el funcionamiento de los servicios públicos en la comunidad.
La titular de Hacienda subraya que la complejidad organizativa de la Administración andaluza exigiría adaptar de nuevo los turnos de trabajo diarios, especialmente en el sector sanitario, una circunstancia que ya se tuvo en cuenta en su día al diferir la entrada en vigor de las 35 horas al mes de enero de 2017, tres meses después de su aprobación por el Parlamento. Este mismo plazo de tres meses sería el que tendría efecto la suspensión cautelar, una vez que el Gobierno central ha avanzado la posibilidad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la implantación de las 35 horas para el conjunto de los empleados públicos.
El Ejecutivo andaluz defiende su decisión de implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en el ejercicio de las competencias estatutarias de la comunidad y en las atribuidas por el Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de estabilidad presupuestaria. En este sentido, Montero ha recordado que la Junta es competente para regular la jornada de trabajo de su personal empleado público, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía que le otorga competencias exclusivas en materia de planificación económica y de su sector público (artículos 58.2 y 76.2. a y c). Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público prevé que las administraciones públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos (artículo 47) y remite a la legislación sectorial para la regulación del régimen de jornada de trabajo del personal laboral (artículo 51).
Por otro lado, la consejera ha señalado que, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 reguló la jornada semanal de 37,5 horas (Disposición Adicional 71), lo hizo como medida coyuntural de contenido exclusivamente económico y con el único fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. De hecho, esta regulación no se incorporó al Estatuto Básico del Empleado Público, como sí se hizo en otros aspectos como la reducción de los días de permiso por asuntos particulares y de los días adicionales de vacaciones por razón de la antigüedad.
Suficiencia financiera
Por otra parte, Montero ha subrayado que, una vez que la comunidad ha cumplido con sus obligaciones de equilibrio presupuestario, la medida del Gobierno central ya no resulta necesaria, “teniendo en cuenta además que, para no comprometer la estabilidad presupuestaria, se ha llevado a cabo una planificación económica rigurosa que garantiza la suficiencia financiera adecuada para la implantación y continuidad de la jornada de 35 horas semanales”.
La titular de Hacienda y Administración Pública ha recordado, además, que el decreto ley 5/2016 fue convalidado por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Asimismo, se ha referido a que la regulación tiene un doble efecto positivo, ya que supone un avance en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabadores de la Junta y, al mismo tiempo, contribuye a la creación de empleo público para que la implantación de la nueva jornada no afecte a los servicios públicos ni a su nivel de calidad.
Del mismo modo, la consejera ha aludido al compromiso del Gobierno andaluz de culminar, a lo largo de la legislatura, la recuperación de todos los derechos que fueron suspendidos a los empleados públicos, lo que llevó a acordar, tras la negociación sindical, un calendario que incluía la jornada de 35 horas semanales. Asimismo, ya se han hecho efectivas otras medidas como la restitución de los días adicionales de asuntos particulares y vacaciones por antigüedad o la recuperación de la paga extra de 2012, de la que ya se ha abonado el 75%.
La consejera ha recordado que la Junta de Andalucía marcó “un camino propio para hacer frente a la crisis, sin privatizaciones y sin despidos masivos, con medidas de reparto del empleo público, como la reducción al 75% de eventuales en sanidad, que evitaron que 25.000 profesionales salieran de las plantillas de la Junta”. Ahora, ha insistido, “también está imprimiendo otra salida de la crisis para garantizar la cohesión social y que la recuperación llegue a las familias, con la restitución de los derechos suspendidos y con medidas como la jornada de 35 horas que busca la calidad en el empleo y la revitalización de los servicios públicos”.
Frente a ello, ha denunciado, “el Gobierno central impide a las clases medias trabajadoras beneficiarse de la mejora económica y pone en peligro los miles de nuevos contratos que ya se han formalizado en Andalucía con la implantación de las 35 horas”.