El plan de simplificación administrativa estima la desaparición este año del 25% de trámites evaluados
El Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, impulsado por la Junta para disminuir los trámites administrativos a los que tienen que hacer frente las empresas, estima para el mes de diciembre la desaparición o modificación drástica de un 25% de los 872 procedimientos analizados. El 75% restante sería simplificado hasta el punto de poder realizarse, en ocasiones, con una simple acción virtual. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha informado al Consejo de Gobierno del desarrollo de dicho plan, dirigido también a mejorar la productividad y la creación de empleo, así como a incrementar la eficacia y eficiencia de la administración.
El plan, cuya aprobación definitiva está prevista para mayo de 2020, parte de un documento de trabajo que fija en 1.838 los procedimientos administrativos (autonómicos o compartidos con el Gobierno central) que afectan al inicio o al desarrollo de las actividades económicas. De ellos, los 872 citados van a ser exhaustivamente revisados por tres equipos de trabajo que estudiarán, de forma paralela y coordinada, cómo abordar la simplificación normativa.
La nueva estrategia, que supone una apuesta por la modernización de la Administración autonómica, parte de la exigencia que el legislador valore a priori cuál puede ser el efecto de una nueva norma en lo que respecta a posibles barreras administrativas. Junto a ello, se basa en la confianza de que los empresarios cumplan con todos los requisitos para iniciar su negocio, mientras que la administración ejerce el control posterior de la actividad económica, sin retrasar ni paralizar ninguna actuación empresarial. Todo con especial atención al interés de los consumidores y la seguridad jurídica.
El grupo de expertos para la elaboración del Plan de la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía estructurará su trabajo en cuatro comisiones dirigidas a la reducción y eliminación de trabas, la simplificación de la regulación económica en el medio rural, la elaboración de reformas para atraer inversiones productivas y la eficiencia en la Administración regional. Este grupo ya ha celebrado su primera reunión.
A lo largo de esta semana se convocará el encuentro del segundo de los grupos de trabajo, integrado por funcionarios de todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Finalmente, antes de que concluya el mes de julio, se convocará el tercero de los grupos de trabajo, en cuyo seno se abordarán los avances del plan con los agentes sociales. En este grupo tendrán representación la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sindicatos, autónomos, el sector de la economía social y las federaciones de consumidores y usuarios.
Líneas de trabajo
Las propuestas consensuadas en el documento base para la elaboración de este plan contemplan, como líneas principales, la evaluación de procedimientos administrativos, actuaciones de simplificación y reducción de trabas administrativas; la disminución de barreras legales para sectores económicos específicos; el desarrollo de actividades económicas en el medio rural; el impulso a la mejora de la regulación económica en el ámbito local y el refuerzo de las políticas de competencia y de mejora de la regulación. Otras actuaciones pasan por promover una administración pública más eficiente; la creación de un entorno favorable para la innovación social y la economía digital; la elaboración de una ley para promover y atraer inversiones productivas y la coordinación entre administraciones.
El informe internacional Doing Business 2015, elaborado por el Banco Mundial, estima que para la creación de una empresa en España se necesitan 7 trámites y 14 días de media, mientras que en los países de la OCDE se sitúa en 5,2 trámites y 11,6 días. Andalucía se encuentra dentro de la media española en número de trámites y días para la constitución de una empresa, si bien hay actividades, como el caso de una pyme industrial, para cuyo inicio de actividad se necesitan 7 trámites y 168 días, por cuestiones de naturaleza medioambiental, lo que lastra la concesión de la primera licencia.