La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado al Consejo de Gobierno de la situación en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía por la complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una invasión de las competencias locales en la toma de decisiones.
El informe presentado por la consejera constata que tres de cada cuatro municipios andaluces no disponen de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor hace 16 años, en 2003. En concreto, 607 municipios de los 786 existentes (un 77 por ciento) no se han adaptado totalmente a la LOUA.
De ellos, el 82% se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 planes urbanísticos están atascados o bien a la espera de superar trámites para su aprobación definitiva –en este caso 135– o bien en fases más iniciales como fase de avance, aprobación inicial o pendientes de aprobación provincial (361).
También resalta en esta radiografía urbanística de la comunidad que, de los 786 municipios andaluces, 51 todavía no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia. Son pequeños pueblos, con una media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada, 22 son malagueños y seis, de Huelva.
El informe resalta que la principal causa del retraso en la tramitación de los planes generales ha sido la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental y destaca que mientras en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años. Si se cuentan los tiempos de tramitación de los avances, el plazo de tramitación de estos planes urbanísticos supera ampliamente los 10 años. Hay ejemplos en el informe como el del municipio de Jimera de Líbar (Málaga), que tras 12 años ha conseguido ver aprobado su PGOU en este ejercicio.
Otro problema que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa. Esta situación afecta a 111 municipios de manera parcial o total, de los que 17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuentan con un planeamiento aprobado que carece de vigencia. A este respecto, la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.
Frente a esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adoptado distintas medidas para agilizar la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que han tenido como resultado un avance significativo en la aprobación de planes en las distintas comisiones territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En los seis primeros meses de este Gobierno del cambio se han celebrado doce sesiones de las comisiones territoriales. Además, se han tratado 44 asuntos, de los que destaca la aprobación definitiva de cuatro PGOU –Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)– y el levantamiento de la suspensión que operaba desde hace años en otros seis planes –Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar (Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)–.
El documento resalta asimismo que en estos meses se han aprobado seis instrucciones para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar flexibilidad en el desarrollo de los planes generales. Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo significativamente los plazos (pasando de más de un año a unos cuatro meses).
Todo ello se ha puesto en marcha con independencia de las restantes medidas de agilización y simplificación que se incluirán en la nueva ley urbanística de Andalucía, que abogará por una Administración más ágil, con unas reglas de juego claras y sencillas, en las que prime la calidad de los ciudadanos, la seguridad jurídica y actuaciones que sean ambiental, económica y socialmente sostenibles y que escuche e implique en el proceso a todas las administraciones, muy especialmente a los ayuntamientos.