El Consejo de Gobierno ha acordado la elaboración, por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de un plan de infraestructuras para los centros de titularidad propia que prestan servicios a la dependencia, con el objetivo de mejorar las instalaciones existentes y la seguridad del uso de los equipamientos. Asimismo, se amplían los servicios ofrecidos al colectivo de personas en situación de dependencia.
En la actualidad, la Administración autonómica gestiona de manera directa una red de 186 centros en toda Andalucía: 14 de carácter residencial para personas mayores, 168 de participación activa, 2 unidades de estancia diurna para la atención a personas asistidas o en situación de dependencia y 2 centros de atención a personas con discapacidad.
Gran parte de los centros que prestan estos servicios se construyeron y abrieron en las décadas de los años 70 y 80, por lo que llevan alrededor de 40 años funcionando de manera continuada e intensa. A pesar de las actuaciones realizadas para su mantenimiento, las carencias subsisten y han aumentado ante la creciente atención a personas en situación de dependencia. Además, el tiempo transcurrido desde su puesta en marcha ha supuesto que la mayoría de los equipamientos no sean funcionalmente adecuados a las necesidades reales sociales que cubre actualmente el Gobierno de Andalucía.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia reconoce en su artículo 15, en el Catálogo de Servicios, la atención residencial y los centros de día, entre otros. Esta norma regula la atención de las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyo para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Es obligación del Gobierno de la Junta de Andalucía la protección y atención integral de las personas mayores y con discapacidad para la promoción de su autonomía personal, que les permita una vida digna independiente y su bienestar social e individual, así como recibir una atención adecuada en el ámbito sanitario, social y asistencial.