La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha informado al Consejo de Gobierno de las medidas acordadas con el sector del taxi para su modernización y del estado de las negociaciones que se mantienen con los representantes de taxistas y VTC. En el informe presentado se destaca que el nuevo Gobierno andaluz ha impulsado el desarrollo de medidas para la ordenación y modernización del transporte discrecional de viajeros en vehículos turismo.
Así, el 14 de febrero de 2019, tuvo lugar una reunión entre las diferentes asociaciones del taxi, y la Consejería y se adquirió el compromiso de diseñar posibles soluciones a la problemática existente. El 2 de abril de 2019, la Dirección General de Movilidad entregó al sector un borrador de propuestas con un estudio pormenorizado de la situación y diez medidas diferentes orientadas a alcanzar la convivencia pacífica y ordenada entre taxis y VTC.
Estas diez medidas son: la precontratación a precio cerrado y con precio por plaza; la elaboración de convenios de colaboración con los ayuntamientos para la formación, inspección y control; el aumento de las labores de inspección; la creación de una web de control andaluza; de áreas de prestación conjunta a petición de aquellos municipios que lo soliciten; la implantación de programas de transporte a la demanda en el medio rural; exigir al Estado la regulación de la capacitación de los conductores de vehículos VTC y, también, exigir a los vehículos VTC determinadas condiciones técnicas (vehículos eco y destinar un cinco por ciento de la flota a personas con movilidad reducida). La última medida era la creación de una red de estaciones VTC para la flota de vehículos de las empresas con licencias VTC.
Desde el 21 de mayo al 11 de julio de 2019, tras celebrar reuniones con los principales representantes de cada una de las asociaciones que presentaron alegaciones al borrador, se consigue alcanzar el consenso del sector en el 80 por ciento de las medidas propuestas, quedando las medidas 9 y 10 sin acuerdo con el sector del taxi y VTC.
Durante los meses de septiembre y octubre se mantuvieron nuevas reuniones con la finalidad de desbloquear las dos medidas en discordia sin éxito alguno. Ante esta situación, el pasado 15 de noviembre se celebró una nueva reunión con las principales asociaciones del sector del taxi para progresar en las negociaciones tras el bloqueo provocado por el rechazo a la medida número 10 (áreas de estacionamiento) por parte de ambos sectores. A tal efecto, el director general de Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, realizó un repaso de cada una de las medidas consensuadas, informando sobre el estado de su tramitación.
Así, el precio cerrado y el llamado taxi compartido serán incluidos en un proyecto de decreto, ya elaborado, por el que se va a modificar el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, en el que se incluyen dichas medidas para modernizar y flexibilizar el sector del taxi. En la actualidad, el proyecto de decreto está en el trámite de consulta previa. En cuanto a los convenios de colaboración, ya se ha redactado uno tipo que se encuentra actualmente pendiente del informe del gabinete jurídico de la Consejería, y ya ha sido sometido a la supervisión con algunos ayuntamientos.
En cuanto a la inspección, se ha realizado un esfuerzo significativo en las inspecciones “in situ”, pasando de 72 días de inspección al año en 2018, a 138 días de inspección en 2019, reforzándose principalmente en Málaga y Sevilla. Adicionalmente en el 2019 se ha iniciado las inspecciones en sedes de empresas VTC con el objetivo de inspeccionar 120 empresas titulares de autorizaciones VTC en el presente ejercicio. Tras las inspecciones llevadas a cabo se elaboró una plantilla de acta de inspección que se trasladó a las delegaciones provinciales, Policía Local y Guardia Civil. Además, se está colaborando con los ayuntamientos afectados para el acceso de la Policía Local a la web de control del Estado. Para ello se ha remitido un oficio a los principales ayuntamientos para informarles del procedimiento de alta en el servicio y se han mantenido reuniones con la Policía Local de algunos municipios. El resultado de las actuaciones llevadas a cabo ha supuesto pasar de 107 denuncias en todo el año 2018, a 576 denuncias entre enero y octubre de 2019.
Por otro lado, se ha remitido un oficio a las delegaciones territoriales para que se cree un grupo de trabajo específico en las comisiones provinciales del taxi, en el que se analice la viabilidad de implantación de futuras áreas de prestación conjunta. Se está ultimando la tramitación de la de los municipios de Granada, Pulianas y Cenes de la Vega.
De cara a mejorar la movilidad de las zonas con menos cobertura del transporte público se está trabajando en el Programa de Transporte a la Demanda que se ampliará a toda Andalucía y ofrecerá una alternativa de transporte a zonas de menos demanda mediante el servicio discrecional de vehículo turismo.
La exigencia de determinadas características a los vehículos VTC relacionadas con la etiqueta ECO y la accesibilidad a personas de movilidad reducida ha sido rechazada por ambas partes, por lo que se deja en suspenso hasta que las condiciones sean favorables a dicha exigencia.
La medida de creación de áreas de estacionamiento para VTC fue rechazada por ambos sectores (taxi y VTC). Por ello y con la intención de alcanzar objetivos comunes en la ordenación del sector en la comunidad se está desarrollando una propuesta basada en la habilitación prevista en la Disposición adicional primera del Real Decreto Ley 13/2018, y teniendo en cuenta la interpretación del artículo 182.1 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), realizada por el Ministerio y remitida a la Dirección General de Movilidad.
Básicamente, la medida que se va a proponer en los próximos días consiste en establecer una protección de lugares de alta demanda frente a la actividad de la VTC, de forma que estos vehículos de transporte con conductor no podrán estar estacionados con la aplicación abierta y sin servicio precontratado en el interior de dichas zonas. Además, se propondrá la limitación de la geolocalización de los vehículos previa a la contratación por considerar que ambas medidas permiten mejorar la movilidad interior de los viajeros y garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios, de acuerdo con el marco legal vigente. Esta propuesta está en fase final de estudio por los servicios técnicos de la Consejería.