El Gobierno andaluz ha aprobado destinar más de 26,2 millones de euros (26.265.122,40 euros en concreto) para contratar 361 plazas residenciales en Sevilla para menores que se encuentren bajo la protección de la administración de la Junta de Andalucía. Estas plazas comprenden diferentes tipos de programas o modalidades a desarrollar en los centros residenciales en los que se acojan los menores, como son acogimiento residencial básico, acogida inmediata, adaptado para discapacidad, conflicto social e intervención en problemas de conducta.
Mediante este acuerdo, la Junta de Andalucía continúa con el proceso de actualización, adaptación y homogeneización de los actuales documentos jurídicos suscritos para la prestación de acogimiento residencial a menores, pasando a la modalidad de contrato administrativo especial, mediante la figura del concierto social.
Este nuevo contrato está dividido en 37 lotes. Con respecto al programa de atención residencial básica, se distribuyen 56 plazas para Sevilla capital; 30 para Alcalá de Guadaíra; 16 para Castilleja de la Cuesta; 8 para Espartinas; 8 para Tomares; 8 plazas para Bollullos de Mitación; 8 también para Villanueva del Ariscal; 8 plazas para Bormujos; 39 para Mairena del Aljarafe; 12 para Écija; 8 para Osuna y 20 para Dos Hermanas. Por su parte, el programa de acogida inmediata tendrá 12 plazas en Alcalá de Guadaíra.
Con respecto al programa de menores con discapacidad, 8 plazas se distribuirán a Alcalá de Guadaíra mientras que en lo relativo a menores en conflicto social, 12 plazas estarán en Sanlúcar la Mayor y otras 8 en la provincia de Sevilla. En Sevilla capital se distribuirán también 8 plazas para intervención en problemas de conducta y otras 8 en Alcalá de Guadaíra. El plazo de ejecución es de 2 años, prorrogable hasta un máximo de 24 meses.
A su vez, en lo relativo a los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, el Luis Toribio Velasco contará con 35 plazas de acogida inmediata; el Centro Clave, 7 plazas de atención residencial básica; Heliópolis tendrá 8 plazas de acogida inmediata; Alzagal, 8 plazas también de acogida inmediata y el centro Alquivir, 8 de intervención en problemas de conducta.
Apuesta por el concierto social
Con esta nueva modalidad de gestión de centros a través del concierto social se configura el instrumento por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos y en el que se le dará prioridad a las entidades de iniciativa social que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley de Servicios Sociales.
A través del concierto social al incluir obligatoriamente las cláusulas sociales, la Administración andaluza impulsa las oportunidades en el empleo, el trabajo digno, el cumplimiento de los derechos sociales y laborales establecidos en la normativa y en los convenios colectivos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y de género, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas, la responsabilidad social de las entidades concertantes y el respeto al medio ambiente y al ciclo de vida.
El concierto social va a servir para dotar de mayor calidad, estabilidad y continuidad al conjunto de servicios sociales que se prestan por parte de las entidades, reconociendo el papel esencial de las entidades de la iniciativa social en la prestación de los servicios sociales, de acuerdo con el carácter prioritario que le otorga la Ley.
Red de centros de protección de Andalucía
La red de centros de protección de Andalucía presta el servicio de acogimiento residencial de menores que se encuentran bajo atención inmediata, guarda o tutela de la Junta de Andalucía y responde a un modelo de atención donde prevalece el interés superior de la persona menor, que presidirá todas las actuaciones y decisiones que se adopten en relación a su vida y convivencia en el centro.
Los centros de protección garantizan la calidad técnica y la calidez de la atención y actuación profesional y disponen de una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia, donde se garantice el cumplimiento de sus derechos, la satisfacción de las necesidades infantiles y su pleno desarrollo personal.
Asimismo, ofrecen una respuesta adaptada a los cambios sociales que determinan una diversidad de procedencias culturales de los menores acogidos y un importante porcentaje de jóvenes próximos a la mayoría de edad, que requieren el establecimiento de acciones destinadas a su incorporación a la vida independiente y su inserción social y familiar.