La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de las diferencias que se han encontrado entre la legislación ambiental de Andalucía y la normativa nacional en materia de evaluación ambiental como conclusión de un análisis independiente elaborado recientemente. El objetivo de este estudio, cuya principal conclusión es que la legislación andaluza es más restrictiva y compleja administrativamente, es mejorar la eficiencia y agilidad de la administración ambiental en las cuestiones que son competencia de la Junta de Andalucía, apostando por la estandarización de las exigencias a nivel andaluz, nacional y europeo.
La importancia de la agilidad administrativa en cuestiones medioambientales radica en el hecho de que, si no se actúa con celeridad, se corre el riesgo de incurrir en una desprotección del entorno.
La legislación ambiental andaluza es clave en el proceso de reactivación económica y de impulso a nuevas actuaciones industriales, ya que la puesta en marcha de gran parte de la actividad productiva debe someterse a una evaluación ambiental previa. Por tanto, esta iniciativa que está poniendo en marcha el Gobierno autonómico contribuirá a la recuperación económica de la comunidad autónoma facilitando la actividad productiva a emprendedores y empresas que, gracias a la simplificación de los trámites y la reducción de cargas administrativas, apuesten por poner en marcha proyectos sostenibles.
Estas iniciativas deberán cumplir escrupulosamente con la normativa en vigor dirigida a garantizar la protección del medio ambiente, avanzando así en una vía de generación de riqueza compatible con el máximo respeto al entorno natural.
El riguroso y detallado análisis realizado por una consultoría ambiental servirá de punto de partida al Gobierno andaluz para proponer mejoras encaminadas a salvar obstáculos y reducir cargas derivadas de la normativa actual que aporten seguridad jurídica a los promotores de proyectos empresariales, al tiempo que se continúa velando por la debida protección ambiental con la misma intensidad que hasta ahora.
De hecho, tras esta primera fase de estudio, la Consejería solicitará la colaboración de los colegios profesionales de titulados en ciencias ambientales, biología, ingeniería de montes o ingeniería técnica forestal e ingeniería industrial, entre otros colectivos, como asesores del Gobierno andaluz sobre las cuestiones que, a su criterio, deberían mantenerse intactas y las que podrían ser objeto de modificación.
Gracias a la comparativa ya elaborada, los expertos podrán ahora valorar más fácilmente qué requisitos de los que se han implementado en Andalucía por encima de la normativa básica nacional suponen un valor ambiental añadido y cuáles son únicamente una carga adicional de burocracia que no supone mayores ventajas para el medio ambiente, por lo que podrá ajustarse la protección a lo exigido para el resto de España.
Esta apuesta por la mejora de la eficiencia administrativa de los trámites ambientales entronca con la Revolución Verde que está poniendo en marcha el Ejecutivo andaluz como motor del proceso de reactivación y recuperación económica a través de actividades sostenibles.
Trámites más complejos en Andalucía
En concreto, el estudio independiente ha analizado los instrumentos de prevención y evaluación que se aplican, los requisitos impuestos y los trámites establecidos para cada una de las actuaciones y actividades sometidas, por un lado, a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (Ley GICA) de2007, y por otro, a la Ley de Evaluación Ambiental nacional de 2013.
Entre otras conclusiones, el estudio ha detectado que, de forma general, el plazo de información pública de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) y Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en Andalucía (45 días hábiles) supera en un 50% el período mínimo establecido en el Real Decreto Legislativo de ámbito nacional (30 días hábiles).
Además, existen actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental en Andalucía que no se encuentran entre las citadas por la normativa estatal como, por ejemplo, la construcción de un centro residencial de mayores en suelo no urbanizable, y, en algunos casos, la legislación de evaluación ambiental andaluza impone umbrales más bajos para someterse a EIA.
Otras muchas actividades generadoras de empleo en Andalucía, como la instalación de establecimientos hoteleros y turísticos o polígonos industriales, tiene en la comunidad una tramitación más compleja (ordinaria) que la indicada por la normativa nacional (simplificada) que se aplica en otras autonomías, lo que complica su implantación.
Además, se ha detectado también que existen numerosas actividades que en la normativa nacional sólo se encuentran sometidas a evaluación ambiental ordinaria cuando se ubican en espacios naturales, mientas que la norma andaluza exige este trámite independientemente del espacio en el que se encuentren.