El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se impulsa una nueva medida extraordinaria y urgente destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad y centros de día de terapia ocupacional para personas con discapacidad en situación de dependencia, con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante 2021.
En concreto, se ha previsto un presupuesto de 22,7 millones de euros para dotar a estos centros de una cuantía adicional con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados. De esa cantidad, 18,8 millones corresponden al sistema de atención residencial y 3,8 millones al servicio de centros de día. El importe total de estas medidas económicas puestas en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el momento actual se cifra en más de 100 millones de euros movilizados desde el inicio de la pandemia.
Desde que el Covid-19 fuera declarado pandemia, la prestación de estos servicios de atención a la dependencia se ha visto afectada por su evolución. Los centros de atención a personas mayores y con discapacidad han tenido que ir elaborando y adaptando planes de contingencia para asegurar la protección de los usuarios y de los profesionales, dotándoles de equipos de protección, de desinfección y material sanitario que minimicen los riesgos de contagio.
Actualmente, y pese a que la crisis sanitaria no se ha superado, Andalucía se encuentra ante un nuevo escenario favorable de la evolución de la pandemia en el que, habiéndose reactivado los distintos servicios, los centros deben garantizar la prestación efectiva de los mismos en función de la situación epidemiológica en cada momento, así como cumplir las medidas preventivas de salud pública establecidas.
En este contexto, estos centros deben continuar con la prestación de los servicios públicos y sobreponerse a la situación económica que arrastran por los gastos que tienen que seguir afrontando como consecuencia del coronavirus.
Ya en diciembre de 2020 se aprobó mediante decreto ley una medida urgente y extraordinaria de apoyo a los centros que consistió en un pago único de 13,5 millones de euros a las entidades con plazas contratadas, conveniadas o concertadas con la Agencia de servicios sociales y dependencia para compensar el gasto ocasionado por el Covid-19 durante el periodo comprendido entre el 1 de julio a 31 de diciembre de 2020. Un decreto que se vio ampliado el pasado 20 de julio de 2021 con otro pago extraordinario de 10,4 millones de euros ante la evolución de la pandemia para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios a las personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia y evitar el cierre de centros.
El Gobierno andaluz ha valorado que, dado que la crisis se mantiene, es necesario llevar a cabo de manera urgente otra medida económica extraordinaria para amortiguar los efectos económicos ocasionados con motivo de hacer frente al mantenimiento de las recomendaciones sanitarias y las medidas de protección para frenar y reducir el contagio, así como la continuidad de los puestos de trabajo. Esta medida no solo permite garantizar la asistencia y la calidad del servicio para las personas beneficiarias, sino que contribuye al sostenimiento del sistema público de servicios sociales de Andalucía.
Mediante este nuevo pago de 22,7 millones de euros dispuesto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, los centros recibirán una cuantía única adicional para reducir los efectos económicos ocasionados por la adquisición de material de limpieza y desinfección; los gastos derivados de la compra de equipamiento de protección individua; de la adecuación de los espacios, y de la puesta a disposición del personal los medios digitales oportunos para facilitar su trabajo y la atención a los usuarios. Este abono adicional es una medida para paliar los efectos económicos ocasionados por la compra de EPI, gastos de contratación de personal y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas en los centros durante el referido periodo.
Requisitos para los centros
Para poder acogerse a esta ayuda, los centros deberán acreditar oportunamente el cumplimiento de una serie de requisitos: tener plazas contratadas, conveniadas o concertadas con la Agencia de servicios sociales y dependencia de Andalucía; haber prestado los servicios contratados, conveniados o concertados durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 y desde el 9 de mayo al 31 de octubre de 2021, todos los días inclusive; haber tenido gastos extraordinarios como consecuencia de la situación de crisis ocasionada por el coronavirus (Covid-19) en esas fechas; no haber cesado en la actividad a la fecha de la presentación de la declaración responsable y no percibir al amparo del presente decreto ley una cantidad superior a la ocasionada por los mencionados gastos extraordinarios sufridos.
En el caso de los servicios de atención residencial, las cantidades a percibir por plaza oscilan entre los 74,72 euros de las plazas para mayores dependientes y los 166,35 euros de las residencias para personas gravemente afectadas con daño cerebral sobrevenido. Para el servicio de centros de día y terapia ocupacional, el pago adicional por mes va de los 19,40 euros en los casos de terapia ocupacional para personas adultas en régimen de internado y los 71,95 para personas con sordoceguera o daño cerebral sobrevenido.
Las entidades beneficiarias deberán destinar las prestaciones a la finalidad prevista, garantizando la continuidad de los servicios. En ningún caso se abonarán gastos no asumidos directamente por las entidades o cuya finalidad no sea frenar o reducir el contagio del Covid-19. Asimismo, la cuantía que se perciba al amparo del presente decreto ley será compatible con las prestaciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales, siempre que la suma no supere el importe por los gastos extraordinarios sufridos.
El número de plazas que conforman el mapa de recursos de plazas concertadas por la Agencia de servicios sociales y dependencia de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, concertadas para los diferentes servicios de atención residencial y servicios de centro de día, es de 40.769, de las cuales 18.924 se corresponden al servicio de atención residencial para personas mayores; 5.966 al servicio de atención residencial para personas con discapacidad, 6.806 al servicio de centro de día para personas mayores; 2.661 al servicio de centro de día para personas con discapacidad, y 6.412 al servicio de centro de día ocupacional para personas con discapacidad.