El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003,
de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por
el que se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC). El
decreto ley tiene como fin garantizar el beneficio del usuario y la convivencia en armonía
entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un
servicio por precontratación.
La Junta de Andalucía ha elaborado este Decreto ley después de que el Gobierno de la
Nación haya dejado en manos de las comunidades autónomas su regulación, al suprimir
el servicio urbano de VTC a partir el 1 de octubre. La normativa andaluza se ha marcado
como prioridad que el ciudadano tenga el mejor servicio, permitiendo, por un lado, que
los VTC sigan trabajando, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este
servicio público de interés general se vea también reforzado y asegurado.
Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se han debatido
y negociado las medidas que se han incluido en este decreto desde 2019 con todos los
implicados: el sector del taxi y los VTC, pero también con los municipios más afectados,
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos y otros
agentes sociales.
El Decreto ley reúne una serie de requisitos para los VTC que aportan seguridad jurídica
y evita medidas que han sido objeto de reclamaciones millonarias en otras
comunidades, como la precontratación por tiempo que solicita el sector del taxi.
Además, el Decreto ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha
concedido el Estado y sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un
VTC por cada 30 taxis. Además, se fijan zonas de protección para que los VTC no
puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos,
puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales,
grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas,
sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.Consejo de Gobierno Dirección de Comunicación
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También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá
saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Asimismo, los VTC tendrán que aportar
más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de
capacitación que los taxistas, en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una
mejor protección de los derechos de los usuarios.
Además, el Decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características
técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni
publicidad. En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del
fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud –un mínimo de
4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5
metros para los cero-emisiones.
Por su parte, en base a este Decreto ley, los ayuntamientos podrán establecer como
máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que
coincidan con los días de más demanda). Igualmente, se aplicará el régimen
sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las
sanciones a los taxis sin licencia.
La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite
tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese
sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de
proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de
consumidores y usuarios. Por último, se impone a las plataformas intermediarias la
responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como
tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.
Modernización del taxi
Durante la pasada legislatura, el Gobierno andaluz ya trabajó en fortalecer el taxi con
un plan de modernización del sector, como la contratación por plaza y el pago individual,
el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas
de prestación conjunta del taxi o la implantación del transporte a la demanda en ámbito
rural con taxi, con 46 rutas en 70 municipios andaluces. Estas medidas, ya acordadas
por el sector, deben ponerla en práctica los ayuntamientos a través de sus ordenanzas
municipales.
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