El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la tramitación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, con una cuantía total de un millón de euros, destinadas a entidades locales con un tamaño superior a 50.000 e inferior a
100.000 habitantes, para proyectos contra las consecuencias del cambio climático.
Estas ayudas, enmarcadas en el Plan de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático, financiarán la realización de actuaciones de carácter innovador y la redacción de proyectos para la adaptación al cambio climático, así como el diseño e implantación de
zonas de bajas emisiones, para dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que exige para municipios de más de 50.000 habitantes el establecimiento de zonas de bajas
emisiones antes de 2023.
El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2020 la resolución conjunta sobre el Pacto Verde Europeo (Green Deal), que supone una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos.
Andalucía, como región involucrada en la lucha contra el cambio climático, sigue la estela marcada a nivel europeo en la adopción de medidas frente al mismo en el marco de lo establecido en la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.
Para la consecución de los objetivos perseguidos por la Ley, la norma sitúa a los municipios en un lugar central de su diseño estratégico al considerar que desempeñan un papel importante en la lucha contra el cambio climático al estar en una posición
idónea para preservar los bienes públicos, incorporar distintos aspectos de la energía sostenible al desarrollo local y permitir a los ciudadanos el acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles y asequibles. Además, desde un punto de vista cuantitativo, los
municipios concentran la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de la población y de los riesgos asociados al cambio climático.