El Consejo de Gobierno ha aprobado al Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para 2023, que incluye programas sobre atención a la ciudadanía; ética pública e integridad; eficacia, eficiencia y efectividad en el
funcionamiento de los servicios públicos; transparencia y participación; protección de datos y administración electrónica, y evaluación e innovación.
El Plan General de Inspección es el instrumento de planificación principal de la actividad de la Inspección General de Servicios, órgano de carácter transversal adscrito a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. El objetivo de esta labor inspectora es analizar y evaluar el funcionamiento de la Administración Pública de la Junta de Andalucía para garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos. En este caso, se trata del cuarto Plan General de la Inspección aprobado con el Decreto de 3 de diciembre de 2019, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios.
En materia de atención a la ciudadanía, se analizarán las demandas presentadas en el Libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía, con especial atención a las relativas a la administración electrónica. En cuanto a los servicios de atención a la
ciudadanía, este año se evaluarán los de las delegaciones del Gobierno, las delegaciones territoriales de Empleo y, ante la importancia del ámbito sanitario durante la pandemia, se analizará la atención prestada a través de los diferentes canales
(presencial, telefónica y telemática) en centros de salud, de especialidades y hospitales.
Asimismo, respecto al ámbito de ética pública e integridad, el plan de este año estudiará los mecanismos de selección, incorporación y acogida de los empleados públicos con discapacidad intelectual en órganos como el IAAP, la Secretaría General para la Administración Pública y una delegación territorial en cada provincia. También se analizarán las medidas adoptadas por los órganos competentes respecto a las denuncias presentadas el año pasado ante la Inspección General de Servicios. Igualmente, habrá un estudio de absentismo y otro de las incompatibilidades y complementos por dedicación exclusiva en los regímenes retributivos del personal al servicio de la Administración General de la Junta y del sector público andaluz.
La inspección relativa a la eficacia, eficiencia y efectividad en el funcionamiento de los servicios públicos se centrará este año en detectar áreas de congestión en la gestión de las delegaciones territoriales y en verificar el cumplimiento de la normativa reguladora
de la recaudación de ingresos en periodo voluntario en las consejerías y agencias competentes (sin incluir la Agencia Tributaria de Andalucía). El plan también incluye un análisis de los procedimientos sancionadores de las consejerías de Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa y de Turismo, Cultura y Deporte.
Estudio sobre el relevo generacional en la plantilla
En los próximos diez años se jubilará al menos el 50% de la plantilla actual de la Junta de Andalucía, personal que en su mayoría ocupa puestos relevantes en la estructura de la Administración. Para anticiparse a los efectos que ello pueda tener, el Plan de
Inspección de 2023 contempla un análisis las medidas adoptadas o previstas para reducir el efecto de descapitalización de conocimiento que se puede producir.
Tras la pandemia, el teletrabajo se ha implantado parcialmente en la Administración andaluza. Por ello, la Inspección de Servicios de la Junta comprobará, mediante un muestreo de trabajadores de delegaciones territoriales aún por determinar, si dicha
implantación sigue la norma reguladora dictada al respecto analizando los medios de control y evaluación de dicho sistema de prestación de servicios.
En materia de eficacia y eficiencia el plan de 2023 evaluará las actuaciones de la Oficina Andaluza de Cambio Climático en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Y respecto al apartado de transparencia y participación, se analizará la gestión de las consultas y peticiones de información solicitadas a través del Portal de Transparencia de varias agencias públicas, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa.
Las actuaciones sobre administración electrónica se centrarán en analizar la implantación de comunicaciones y notificaciones entre las delegaciones territoriales de la Junta (una por provincia) y otras administraciones públicas, mientras que en materia
de protección de datos se verificará la existencia de análisis de riesgos en varios órganos directivos centrales y la gestión de las denuncias y reclamaciones sobre la protección de datos en una muestra de consejerías y entidades instrumentales.
Por último, en la categoría de evaluación e innovación, este año se analizarán el establecimiento de objetivos y la medición de resultados en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y la situación actual de las Cartas de Servicios en los
Centros Directivos o unidades administrativas de la Junta.