El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, 2 de diciembre de 2003, ha aprobado sendos acuerdos por los que se establecen, respectivamente, indemnizaciones a expresos y represaliados políticos del franquismo y la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica de las personas desaparecidas durante la guerra civil española y la postguerra.
Con este motivo, y coincidiendo además con el XXV aniversario de la Constitución Española, el Gobierno de Andalucía quiere expresar, mediante esta declaración institucional, su mayor reconocimiento a todos aquellos que padecieron de una u otra forma persecución y acoso por parte de la dictadura franquista.
El enfrentamiento fratricida nacido del golpe de Estado de julio de 1936 causó la mayor sangría humana conocida en siglos por la nación española. A todas las víctimas de aquella guerra, independientemente del bando en que combatieran, los españoles de hoy debemos respeto por su memoria.
Acabada la contienda, cuando España necesitaba más que nunca de paz, piedad y perdón, como inútilmente reclamó el presidente constitucional Azaña, el régimen instaurado sobre las cenizas de la democracia española desató una brutal campaña de represión que, en distinto grado, no cesó hasta el final de la Dictadura.
Centenares de miles de ciudadanos españoles se vieron sometidos a la muerte, el exilio, la cárcel, el extrañamiento, la depuración profesional o la tortura por el simple hecho de haberse posicionado a favor de la legalidad republicana.
A menudo se habla de la pérdida que supuso para la sociedad española el exilio exterior o interior de buena parte de la intelectualidad de la época, sobre todo en los sombríos comienzos de la Dictadura. Sin embargo, nunca conoceremos con exactitud todo el caudal de energías que se desperdiciaron, cuántos proyectos personales truncados, cuántas familias sacrificadas por causa del sectarismo y el rencor que el Régimen franquista dispensó a los españoles, a los que hasta el último día distinguió entre vencedores y vencidos.
Y junto a este injustificable sufrimiento humano, la dictadura dejó a los españoles una herencia de atraso y aislamiento de la que sólo con mucho esfuerzo hemos logrado salir con posterioridad. Y si toda España sufrió las consecuencias de la dictadura, Andalucía cuenta con el triste honor de haber acumulado buena parte del germen de discriminación, incomprensión y desprecio que encerraba aquel Régimen.
La Constitución de 1978 es fruto, precisamente, de la voluntad mayoritaria de los españoles por pasar la página negra de la intolerancia que supuso el régimen franquista. El texto constitucional, del que ahora celebramos su XXV aniversario, encarnó por fin el deseo de reconciliación nacional sobre la base de la dignidad y la libertad de todos los españoles. Al amparo de dicho texto, los andaluces logramos también el acceso a la autonomía y nuestro Estatuto hunde sus raíces en la legitimidad democrática de la Carta Magna, cuyo objetivo esencial es garantizar la convivencia y los derechos de los ciudadanos.
Debemos proscribir cualquier tentación de emplear el pasado como arma arrojadiza entre los españoles pero con la misma firmeza y determinación hemos también de rendir con toda solemnidad honor y reconocimiento a quienes se entregaron a la causa de la libertad. Las medidas que hoy aprueba la Junta de Andalucía constituyen un pálido reflejo de la enorme deuda de gratitud que la sociedad mantiene contra quienes protagonizaron de una u otra forma la resistencia a la dictadura.
Su compromiso en aquellos años sin luz es hoy ejemplo de generosidad y auténtico amor a la patria. Sin su esfuerzo, que mantuvo viva la llama de la libertad, sencillamente no hubiera sido posible la España democrática que hoy conocemos. Y si ellos fueron entonces condenados a la muerte o al silencio hoy son testimonio de su tenaz lucha por mantener su dignidad de hombres y mujeres libres.
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