SESIÓN DEL

LA JUNTA INTERPONDRÁ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2004

La incorrecta regulación de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia supone un perjuicio financiero de 123,2 millones de euros para la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitu-cionalidad contra un precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004. En concreto, se recurrirá el artículo 92, que regula las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia, así como las correspondientes partidas presupuestarias de la Sección 32.

A juicio del Gobierno andaluz, los presupuestos estatales de este año aplican un cálculo incorrecto de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) para la entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia, lo que se traduce en un perjuicio financiero que la Junta evalúa en 123,2 millones de euros en el ejercicio de 2004. El Consejo de Gobierno recuerda que las reglas para el cálculo del ITE están contenidas en la Ley 21/2001 sobre el sistema de financiación autonómica, cuyo contenido no puede ser modificado a través de una norma de vigencia temporal como la de los presupuestos estatales.

En conclusión, tanto el artículo como las secciones presupuestarias que se van a re-currir vulneran los principios de suficiencia y autonomía financiera, seguridad jurídica y legalidad y publicidad de las normas, además de suponer una extralimitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Estos principios están reconocidos en la Constitución Española (artículos 157.1.a, 9.3 y 134), el Estatuto de Autonomía (artículo 56) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (artículos 2.1d, 4.1e y 13).

El Gobierno andaluz ya recurrió el pasado año por el mismo motivo la Ley de Pre-supuestos Generales del Estado. En esa ocasión, el cálculo incorrecto del ITE en las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia se tradujo en una merma de 173,8 millones de euros. El perjuicio financiero ocasionado en 2003 y 2004 por la inadecuada regulación de esta materia en los presupuestos estatales alcanza, pues, los 297 millones de euros.

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